Ante la convocatoria hecha pública ayer por el
Servicio Andaluz de Salud (SAS) del Acuerdo Marco que pretende homologar
distintos medicamentos para hospitales sobre la base de supuestas equivalencias
terapéuticas en determinadas indicaciones, Farmaindustria
manifiesta su profundo rechazo a esta medida por sus funestas consecuencias
sobre la innovación y, por tanto, los perjuicios que provoca a pacientes, profesionales
sanitarios e industria. Por ello, emprenderá todas las acciones legales a su
alcance, al considerar que constituye
una vulneración de la legalidad vigente y una clara invasión de competencias
estatales por parte de la comunidad autónoma andaluza.
Asimismo, pedirá al Gobierno que haga uso de las
atribuciones que le confiere la Ley de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios, que en su nuevo artículo 88 dispone que
las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de
medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades
autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los
medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de
Salud, catálogo y precios. Asimismo, estipula que esas medidas de
racionalización serán homogéneas en todo el territorio nacional sin producir
distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios.
Farmaindustria
rechaza de plano esta iniciativa del SAS que rompe la equidad del sistema
sanitario, restringe la capacidad del médico de prescribir los tratamientos que
considere idóneos y, en especial, discrimina a los pacientes andaluces, a
quienes recorta sus derechos por motivos económicos, al limitar su acceso a
medicamentos incluidos en la prestación por el Ministerio de Sanidad.
Lamenta, asimismo, la agresión que supone a las empresas farmacéuticas
innovadoras y sus legítimos intereses, y la pérdida confianza de las compañías en la seguridad jurídica,
rompiendo la unidad del mercado farmacéutico, con el riesgo que ello implica
para la continuidad en la producción y comercialización de productos
farmacéuticos en todo el ámbito estatal. Esta medida, que menoscaba el valor
del medicamento, supone un claro ataque a la innovación farmacéutica y un
desincentivo para las inversiones en I+D en España y para la investigación de
nuevas terapias.
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