La Asociación Española de
Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha lanzado una declaración de apoyo a
los menores extranjeros no acompañados en la que recuerda que, ante todo, se
trata de niños y adolescentes que se encuentran solos en nuestro país, separados de sus padres y que tampoco están bajo el cuidado de
ningún otro adulto, lo que obliga a la sociedad a extremar su protección y cuidado.
El hecho de ser menores y no estar acompañados de una persona
adulta (lo que ha dado lugar a la denominación ‘mena’) sitúa a estos niños
automáticamente en una situación de desamparo y de riesgo, “lo que plantea la necesidad de
garantizar la máxima protección que marcan la legislación española y los
convenios internacionales relativos a la protección de los menores de edad.
Esta obligación jurídica, ética y humana, involucra a todos las
administraciones públicas a nivel estatal, autonómico y municipal, y a toda la
sociedad civil, incluido el conjunto de profesionales sanitarios”, ha señalado el
Dr. José Ignacio Pérez Candás, portavoz de AEPap.
En España el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados
está mayoritariamente asociado a niños y adolescentes procedentes de los países
del Magreb, fundamentalmente de Marruecos y Argelia. Sin embargo, hay menores
no acompañados procedentes de países del este de Europa, del África
Subsahariana, de Siria, y otros.
Aunque los especialistas de AEPap reconocen que no es un fenómeno
fácil de cuantificar, los datos de la memoria de la Fiscalía de Menores de 2016
(correspondiente al ejercicio de 2015) apuntaban a la presencia de 3.660
menores de origen extranjero no acompañados en España y bajo la tutela de las
comunidades autónomas. Según datos de
UNICEF, nuestro país registró el año pasado 65.300 llegadas de extranjeros
irregulares, de las cuales más de 6.000 corresponden a niños,
niñas y jóvenes no acompañados que llegaron por la frontera sur. Una reciente
publicación que cita datos aportados por el Defensor del Pueblo, en diciembre
de 2018 el número de estos menores registrados era de 13.012, de los cuales el
63% son marroquíes.
Se trata, pues, de un fenómeno que durante los últimos dos años ha crecido
sustancialmente.
Cuando llegan a suelo español (sea cual sea el modo de llegada),
el primer problema al que se enfrentan estos niños y adolescentes si no cuentan
con documentación (algo habitual), es determinar si son menores de edad, algo
con obvias dificultades en el caso de los adolescentes de 16 y 17 años. “Un
menor clasificado por error como mayor de edad inicia un camino de inseguridad
y desamparo sin fin, por lo que es necesario que los servicios de fronteras cuenten
con los medios necesarios y procuren la máxima fiabilidad y celeridad para
cumplimentar estas tareas previas”, alerta el Dr. Pérez Candás.
Cuando las pruebas determinan que se trata de
menores de edad y no es posible la devolución voluntaria a sus familias en su
país de origen, comienza un proceso de acogida tampoco exento de dificultades.
Algunos ejemplos son los centros de menores especializados que a
menudo no cuentan con suficientes medios para asegurarles una asistencia digna.
Finalmente, llega la siguiente dificultad, la falta de apoyo a su integración
una vez que cumplen la mayoría de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño del
20 de noviembre de 1989 ratificada por
España en 1990,
establece que “los Estados
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y
a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la
salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea
privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”. La atención a
los problemas de salud mental está expresamente contemplada como una obligación
más de los Estados firmantes de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
El modelo de atención a estos menores en
las distintas CCAA no es homogéneo, y los sistemas de protección infantil han
tenido que adaptarse rápidamente al reciente y creciente fenómeno de los menas,
casi siempre con recursos muy limitados. No
se trata solo de procurarles alojamiento, manutención, educación y sanidad, se
trata sobre todo de construir vínculos con la sociedad de acogida. Algunas
comunidades, como Cantabria, Galicia y Murcia completan de forma aceptablemente
rápida los procesos de ratificación de la minoría de edad y la tutela por parte
de la administración autonómica, mientras que otras demoran este proceso varios
meses.
Mientras se lleva a cabo el proceso de tutela,
los adolescentes se alojan en “hogares de urgencia”, aunque la realidad es muy
dura en muchas ciudades, pues no cuentan con los recursos suficientes y con
frecuencia estos menores son alojados en instalaciones policiales que no están
preparadas para esta función.
La transición a la vida como adulto,
una vez que cumplen los 18 años es con mucha frecuencia una caída al vacío,
pues estas personas pierden la protección de la administración pero no cuentan
con formación o recursos para valerse por sí solos, quedando en franco riesgo
de caer en la marginalidad y expuestos a la manipulación de otros grupos
interesados.
En
los últimos meses se ha tenido noticia de protestas vecinales por la proximidad
de algún centro de menores tutelados, atribuyéndoles la autoría de agresiones y
otros hechos delictivos mientras que los datos indican que la participación de
adolescentes tutelados en hechos delictivos es excepcional[x].
Por
todo ello, desde la AEPap solicitamos:
1.
Que las autoridades
busquen la coordinación y elaboren un plan de atención a estos menores que
garantice los objetivos propuestos por la legislación española y los convenios
internacionales.
2.
Que se garantice el
alojamiento y la estancia en centros, domicilios o familias, en condiciones
dignas, nunca en centros de detención o similares.
3.
Que se garantice el
acceso en condiciones plenas de todos los menas al sistema educativo y
sanitario.
4.
Que la transición a la
vida adulta esté acompañada y facilitada por las instituciones públicas,
procurando la formación e inserción laboral y social.
5.
Que se dote del
personal suficiente, conformando equipos multiprofesionales (educadores,
trabajadores sociales, etc.) y de los recursos necesarios a los centros de atención
a los menas.
6.
Que se inicie una
campaña de concienciación social que desmonte los prejuicios infundados en
torno a la conflictividad de estos adolescentes, que involucre a todas las
capas de la sociedad.
7.
Responsabilidad y
objetividad a los medios de comunicación y moderación en las redes sociales
evitando la difusión de contenidos que inciten al odio.
8.
Convendría disponer de
un registro por comunidades y también centralizado de cuántos son, sus edades y
sus ubicaciones en nuestro país para conocer la magnitud real del problema y
adecuar la organización de recursos.
9.
El sistema sanitario y educativo deberían
adaptarse a las nuevas circunstancias y preparar sus dispositivos para atender
las necesidades de este colectivo de niños y adolescentes.
Para todo ello, la Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria (AEPap) ha mostrado su disposición a colaborar con las autoridades y
todas las administraciones, nacional, regional y local, en la medida que sea
necesario para avanzar entre todos hacia la consecución de este objetivo.
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