viernes, 27 de mayo de 2016

El Tribunal Constitucional admite a trámite el conflicto positivo de competencias de la Junta contra el Real Decreto de dispensación enfermera

El Tribunal Constitucional ha acordado, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado, admitir a trámite el conflicto positivo de competencias promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra varios artículos del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
El Gobierno andaluz había acordado el pasado mes de febrero requerir al Gobierno de la Nación la derogación de estos apartados tras el estudio de esta norma por parte del Gabinete Jurídico de la Junta, a instancias de la Consejería de Salud, por invasión de competencias. En marzo el Consejo de Ministros rechazó este requerimiento, ante lo cual el Gobierno andaluz interpuso el 6 de abril un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional.
En concreto, la Junta de Andalucía instaba al Gobierno central a la anulación de los artículos 1.1.c), 2.2, 3.2, 8.1,10; los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria única; los apartados 2 y 4 de la disposición final cuarta y el Anexo II, al considerar que existe doctrina constitucional suficiente para afirmar que el Estado está conculcando atribuciones que las comunidades autónomas tienen reconocidas en materia de formación continuada y acreditación.
Los artículos afectados regulan el procedimiento de acreditación de los enfermeros previo a la indicación y uso de los medicamentos y productos sanitarios. Según el análisis realizado por el Gabinete Jurídico de la Junta, son competencia de las comunidades autónomas los aspectos relacionados tanto con este requisito y su obtención como con la gestión de los programas formativos y, en su caso, la ampliación de los contenidos mínimos de los protocolos y las guías aprobadas o validadas por el Estado.
Andalucía es actualmente la única comunidad autónoma donde está regulada la dispensación enfermera. Un decreto aprobado en 2009 es el marco jurídico de referencia de esta prestación que permite a los profesionales de enfermería la indicación de algunos fármacos y productos y, por tanto, agiliza y mejora la atención a los usuarios de la sanidad pública andaluza. Esta norma autonómica, desarrollada a través del trabajo colaborativo entre distintos colectivos profesionales, se sigue aplicando en la sanidad pública andaluza como hasta ahora, ya que la Junta considera que el Real Decreto no lo impide.
El pasado año se emitieron en Andalucía casi tres millones de órdenes enfermeras. En estos documentos, los profesionales indican los medicamentos y productos que el Decreto autonómico les permite (actualmente alrededor de un centenar). Además, cerca de 3.000 sanitarios de este colectivo completaron su formación sobre la materia, impartida por la Escuela Andaluza de Salud Pública, y más de un millar logró la acreditación por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.