miércoles, 27 de abril de 2016

Andalucía aprueba el Decreto de Atención Infantil Temprana, que crea unidades específicas y reduce el tiempo de respuesta



El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto regulador de la Atención Infantil Temprana en Andalucía, que amplía y refuerza la asistencia a los menores de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, a través de medidas de prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y participación de las familias y del entorno social. De acuerdo con el compromiso adquirido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, su desarrollo supondrá triplicar los recursos económicos de la prestación hasta alcanzar los 33 millones en 2019.
La norma, una de las más avanzadas a nivel nacional en cuanto a contenido, incorpora dos novedades no recogidas en otros decretos autonómicos: la creación de unidades específicas de valoración en el Servicio Andaluz de Salud y el establecimiento de un tiempo máximo de respuesta de 30 días para la misma.
De este modo, se dispone la creación de un mínimo de 11 Unidades de Atención Temprana en las ocho provincias andaluzas (dos en las de Cádiz, Málaga y Sevilla). Formadas por profesionales de Pediatría y Psicología, se encargarán de valorar las necesidades de los menores sobre la base de un diagnóstico funcional que incluye el estudio de las familias y el entorno. Asimismo, serán las responsables de decidir la idoneidad de la intervención y, en su caso, de la derivación a uno de los 163 Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT) que funcionan en Andalucía. Actualmente, 800 profesionales atienden a 19.000 menores al año.
Las Unidades de Atención Infantil Temprana se pondrán en marcha el próximo otoño y posteriormente podrían llegar hasta 14 si las necesidades lo exigen. Su trabajo garantizará la coordinación entre profesionales de los CAIT y los centros de salud, así como la continuidad asistencial entre los equipos de Pediatría de Atención Primaria y de la red hospitalaria.
La norma aprobada por el Consejo regula también la composición y funciones de los Equipos Provinciales de Atención Temprana (EPAT), responsables de asegurar estos objetivos. Sus miembros pertenecerán a los tres ámbitos en los que se desarrolla la atención temprana infantil (sanitario, educativo y servicios sociales) y contarán con titulación, formación específica  y experiencia en esta materia.

El desarrollo de estas previsiones supondrá triplicar progresivamente el presupuesto anual de la prestación hasta alcanzar los 33 millones en 2019. El incremento total será de 23 millones en los próximos cuatro años, que se distribuirán acumulativamente del siguiente modo: 4 millones adicionales en el presente ejercicio (hasta llegar a 15,7); 5 millones en 2017; 6 en 2018, y 8 en 2019.
Este aumento de recursos permitirá alcanzar el objetivo de reducir el tiempo de respuesta para lograr que los menores puedan recibir los cuidados en el plazo más breve posible desde la detección de sus necesidades. Asimismo, se establecerán diferentes niveles de intensidad adaptados a cada plan de tratamiento. En su conjunto, el nuevo modelo supondrá ampliar tanto el tiempo de las sesiones (de 45 a 60 minutos) como el número de ellas.
Coordinación 
El decreto plantea un modelo integral que agrupa las intervenciones de los ámbitos sanitario, educativo y social, con el fin de favorecer el óptimo desarrollo y autonomía personal de los menores; disminuir los efectos de sus alteraciones y discapacidades, y facilitar la integración familiar y social para evitar la aparición de problemas añadidos. En este sentido, fija los cauces de coordinación entre los profesionales de las consejerías de Salud, Educación e Igualdad y Políticas Sociales que tienen una participación directa en el proceso. El objetivo es conseguir que la asistencia abarque todos los aspectos de estos tres ámbitos, desde los psicomotores, sensoriales, perceptivos, cognitivos, comunicativos, afectivos y sociales a los relacionados con el entorno (familia, escuela y sociedad).
Asimismo, la norma garantiza los principios de universalidad, gratuidad y equidad en la prestación, a la vez que favorece la descentralización y la calidad con unos servicios próximos al domicilio familiar, accesibles y organizados en relación a las necesidades de los menores y sus familias. El decreto incluye la exigencia del cumplimiento de una serie de estándares en los procesos asistenciales, apoyados en la mayor evidencia científica disponible en cada momento, además de incorporar medidas para fomentar la investigación y mejorar el conocimiento de los profesionales implicados.