Los centros sanitarios públicos andaluces identificarán y realizarán un seguimiento continuo a los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, con el objetivo de evitarles secuelas físicas y psicológicas. Esta es la principal novedad de la revisión del protocolo de actuación sanitaria ante la violencia de género, vigente desde 2008, que ha presentado hoy al Consejo de Gobierno el consejero de Salud, Aquilino Alonso.
Desde 2013 y hasta septiembre de 2015, la violencia de género ha causado la muerte de 13 menores en España (dos en Andalucía) y ha dejado 107 huérfanos (12 en la comunidad andaluza). Según los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 63,6% de las mujeres víctimas afirmaron que sus hijos presenciaron episodios de violencia. En el 92,5% de los casos se trataba de menores de 18 años. Asimismo, el 64,2% respondieron que sus hijos fueron víctimas directas y sufrieron también violencia.
Desde 2013 y hasta septiembre de 2015, la violencia de género ha causado la muerte de 13 menores en España (dos en Andalucía) y ha dejado 107 huérfanos (12 en la comunidad andaluza). Según los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 63,6% de las mujeres víctimas afirmaron que sus hijos presenciaron episodios de violencia. En el 92,5% de los casos se trataba de menores de 18 años. Asimismo, el 64,2% respondieron que sus hijos fueron víctimas directas y sufrieron también violencia.
Dependiendo de la edad de exposición, los menores pueden presentar lesiones, riesgos de alteración de su desarrollo integral –retraso del crecimiento y en el lenguaje, disminución de las habilidades motoras o síntomas regresivos, entre otros–. Además, aumenta la probabilidad de alteraciones del sueño, de la alimentación y enfermedades somáticas (aquellas en las que no hay una causa orgánica). Igualmente, pueden sufrir ansiedad, depresión, problemas de baja autoestima o trastornos de estrés postraumático.
Para dar respuesta a estas situaciones, la actualización del protocolo establece mayor coordinación entre los profesionales de Medicina de Familia, los de Pediatría y los trabajadores sociales. El documento también recomienda prestar especial atención a sintomatologías de adolescentes y jóvenes que pueden ser manifestaciones de su exposición a la violencia de género.
Otra novedad destacada es el establecimiento de instrucciones para la toma de muestras orientada a la detección de sustancias de ‘sumisión química’ que facilitan agresiones sexuales a mujeres. También se ofrecen pautas concretas sobre la entrevista clínica a la víctima, con el objetivo de recoger información que pueda ser relevante en el posterior procedimiento judicial. Igualmente, se realizan recomendaciones sobre la emisión del parte de lesiones al juzgado, la solicitud de presencia forense y los circuitos de aviso a los órganos judiciales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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