La Consejería de Salud cuenta con un protocolo específico para la atención a las personas en riesgo social para, de forma planificada y multidisciplinar y a fin de que por las circunstancias especiales que concurren en esta población, se les ofrezcan las mayores garantías asistenciales. Este protocolo, que se puso en marcha en marzo de 2014 y que en su primer año atendió a 2.000 personas, fue actualizado el pasado mes de agosto tras una primera evaluación de resultados. Así lo ha puesto de manifiesto en el Parlamento el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, que ha incidido en la necesidad de “una planificación adecuada para dar respuesta a esta cuestión, así como de una permanente revisión de los procedimientos para ajustarlos a las nuevas necesidades y demandas”.
En este sentido, ha explicado el titular de Salud que en en marzo de 2014 se remitió a todos los centros hospitalarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía un conjunto de instrucciones para homogeneizar la actuación a las personas en situación de riesgo social en las Unidades de Gestión Clínica de Cuidados Críticos y Urgencias. “En marzo de este año 2015 hemos realizado la primera evaluación de implantación de este procedimiento con una muestra amplia, en concreto en 42 centros hospitalarios”, ha comentado Aquilino Alonso, quien ha detallado alguno de los resultados obtenidos, como que el 95% de los centros hospitalarios y de urgencias dispone de una guía actualizada de recursos sociales comunitarios o que el 93% de los centros cuenta con un procedimiento propio de atención a personas en situación de riesgo social.
Con estas instrucciones se establecen, ha explicado Aquilino Alonso, “unos criterios mínimos y se garantiza la atención integral y adecuada para estos pacientes en situación de vulnerabilidad sociosanitaria” donde las Unidades de Trabajo Social realizan un seguimiento al paciente durante su permanencia en la sala de observación hasta su alta en urgencias y a la vez coordina con los servicios de Atención Primaria las actuaciones necesarias.
Entre otras cuestiones, el protocolo contempla un registro para la evaluación del procedimiento que permite mantener en constante actualización las acciones que se realizan con estas personas.
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