El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, ha defendido hoy durante la celebración del Foro Joly que la futura Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía “fortalece la atención primaria como garante de la prevención y promoción de la salud y como líder de la atención integrada del conjunto del sistema, a la vez que fija la atención a la cronicidad como uno de los principales retos que tenemos para lograr la sostenibilidad social”. Alonso Miranda ha destacado que el nuevo marco normativo que prepara Andalucía “nos dará garantías de que ningún gobierno podrá reducir de forma temeraria el presupuesto dedicado a este objetivo; ni aplicar el copago en el ámbito de las competencias autonómicas y, por supuesto, que nadie podrá privatizar recursos sanitarios públicos”.
Para el titular de Salud, se trata de uno de los compromisos más importantes de esta legislatura en materia de política sanitaria, por su relevante impacto social y profesional. “No es una ley económica, sino que su objeto final es garantizar una sanidad pública al alcance de todas las personas que residen en Andalucía, cualquiera que sea su situación social o económica, fortaleciendo los principios irrenunciables de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad efectiva en el acceso”, ha enfatizado.
Sólo garantizando el funcionamiento del sistema sanitario público en el presente, sin comprometer derechos conquistados, se conseguirá la perdurabilidad del mismo para generaciones futuras, según ha remarcado el consejero andaluz. “Nuestro planteamiento de partida ha sido siempre considerar la salud como valor en sí mismo; y por tanto, como inversión y no como gasto; una inversión que supone un importante motor de desarrollo, crecimiento y creación de empleo”, ha añadido.
Aquilino Alonso ha insistido en que el desarrollo y puesta en marcha de la Ley va acompañado en Andalucía de una voluntad política decidida y de ahí que la Junta apueste por tener una norma de máximo rango que “comprometa una financiación suficiente y finalista para nuestro sistema sanitario público, un conjunto de medidas para generar calidad y eficiencia y, sobre todo, un amplio contrato social que nos permita garantizar el derecho a la protección de la salud en nuestro territorio, limitando las posibles tentaciones privatizadoras, recaudadoras o especuladoras”. Y para ello, ha añadido, “tenemos que asegurar el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente, bienestar social y gestión del conocimiento”.
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