El comité ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) aprobó ayer un documento-propuesta sobre la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que se concluye que el presupuesto actual es insuficiente para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios y se hace necesario, por tanto, proceder a un nuevo modelo donde el Estado aporte más dinero para sanidad, lo reparta mejor entre las CCAA y éstas, a su vez, se comprometan a invertirlo en el sector y no a otros cometidos.
Se trata --junto a adicionales medidas de optimización del gasto-- de asegurar la sostenibilidad de la sanidad pública española, que si continúa siendo hoy uno de los estandartes de los que puede presumir nuestro país en el exterior, es únicamente gracias al empeño de los profesionales que trabajan en ella por mantener los niveles de calidad pese a los múltiples impedimentos que obstaculizan su labor diaria.
Los salarios de los facultativos, por ejemplo, se han reducido de media un 25% desde 2010, y la carga de trabajo es mayor, dado que sólo se ha repuesto el 10% de las vacantes por jubilación producidas por entonces.
Además, la penuria de medios es cada vez acusada, toda vez que el presupuesto público del Sistema Nacional de Salud (SNS) se ha reducido desde los 59.738 millones invertidos en 2010 a los 53.052 asignados para este año (-11%).
Las comunidades autónomas que más han recortado la partida sanitaria desde entonces Extremadura (22,89%) y La Rioja, mientras que en el polo opuesto se sitúan Cantabria (1,16%) y Madrid (2,67%). [En el caso de Galicia, la reducción llega al 12,34%, siendo superior a la de la media del país.]
Las diferencias observadas en lo anterior también se reflejan en el esfuerzo inversor que lleva a cabo cada comunidad, así como en el gasto por ciudadano. La discrecionalidad aquí es patente. Asturias y Canarias dedican el 38% de sus fondos a Sanidad [Galicia un 32, 3%], mientras que, en el otro extremo, Navarra apenas tienen que destinar el 23,2% de sus ingresos para asegurar un gasto sanitario per cápita significativamente superior a la media española (1.425 euros frente 1.180, respectivamente, en 2012).
Mención aparte merece el caso del País Vasco, donde el dinero invertido en sanidad supuso el pasado año el 33,59% de su presupuesto y el gasto per capita (1.607 euros) superó en más de 600 euros al de Comunidad Valenciana.
En el conjunto del SNS
El SNS español presenta en su conjunto un gasto sanitario por ciudadano (en torno a 1.200 euros) y también en relación con el PIB (alrededor del 6%) que está por debajo de la media de la UE15, UE27 y OCDE.
Sucede además que España es uno de los países de la unión europea con menor porcentaje de inversión pública en sanidad (durante los últimos años ésta se ha venido reduciendo paulatinamente hasta suponer ahora en torno al 70% de la inversión total en sanidad, correspondiendo el resto al sector privado).
La infrafinanciación del SNS ha conducido a que las comunidades autónomas, que hacen efectivo el derecho a la asistencia sanitaria de los españoles a través de los respectivos servicios autonómicos de salud, acumulen hoy un déficit que, no es exagerado decir, en algunos casos pone en serio riesgo su viabilidad económica. Este déficit es resultado de la escasa dotación presupuestaria y también de un creciente gasto sanitario que tiene que ver con:
· Una mayor expectativa de vida y consiguiente envejecimiento de la población.
· El encarecimiento de la atención por las innovaciones terapéuticas y diagnósticas.
· Ampliación del número y calidad de prestaciones.
· Aumento de la población protegida por la llegada masiva de inmigrantes desde 2001 a 2010.
· Crecimiento exponencial en los últimos años de los gastos en infraestructuras sanitarias sin la exigible planificación ni evaluación previa de su necesidad y viabilidad futura.
· Escaso desarrollo de la prevención y la promoción de la salud, que se traduce en pobres resultados en cuanto a la modificación de hábitos y estilos de vida perjudiciales para las personas y también para las cuentas de la sanidad pública.
PROPUESTA DE UN NUEVO MODELO
En consecuencia, CESM apuesta por un nuevo modelo de financiación de la sanidad pública sobre la base de los siguientes 3 principios:
1.- El Estado debe invertir más dinero en la salud de los españoles
Como se ha comentado, el gasto sanitario en España no es sólo bajo en comparación con los países de nuestro nivel socioeconómico, sino que además ha tendido a reducirse porcentualmente (y de manera notoria) desde 2010, descargando sobre los ciudadanos el esfuerzo que el Estado se niega a hacer.
Esta situación debe revertirse para que no genere desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios. Proponemos, en concreto, que la aportación pública suba al 7,5% como mínimo (porcentaje de PIB).
1.2.- Carácter finalista de los presupuestos destinados a Sanidad
Los presupuestos destinados a la sanidad han de tener un carácter finalista, garantizando que tanto los ingresos generados, como los ahorros que se generen por una mejor gestión de los recursos sanitarios, han de destinarse exclusivamente y en su totalidad a financiar la sanidad pública.
El actual modelo de financiación de las CCAA (en vigor desde 2009) permite a éstas decidir la proporción que dedican a Sanidad sin garantizar ninguna cantidad mínima, lo que contribuye a explicar la gran disparidad en el gasto público por ciudadano.
1.3.- Por personas, no por territorios
El reparto de la tarta presupuestaria estatal debe hacerse, básicamente, teniendo en cuenta el número de habitantes de cada comunidad autónoma, con una variación de hasta el 5% en función de circunstancias como la dispersión geográfica de la población, su grado de envejecimiento (asociado directamente a una mayor demanda de atención sanitaria) o el mayor coste que entraña la insularidad.
Esos objetivos son fácilmente cuantificables y ya se contemplaban en el modelo seguido entre 2002 y 2009. Cosa distinta es que las variables a que atienden no se actualizaran de año en año y que las CCAA, descontentas, aprobaran un cambio que a la postre ha demostrado estar sujeto a consideraciones menos concretas y en buena medida aleatorias.
El objetivo es, pues, recuperar tales planteamientos, o lo que es lo mismo: corregir las descompensaciones a que conduce el actual modelo de reparto, en el que tiene un peso significativo el componente abstracto (y por tanto poco cuantificable) de financiación por territorios.
OPTIMIZAR EL GASTO
Además de incrementar la financiación pública y repartirla con criterios más equitativos, la sostenibilidad del SNS español requiere gastar mejor, racionalizar la organización de la asistencia e introducir nuevos mecanismos de regulación de la demanda. Sólo la combinación de ambas medidas –más dinero y sabiduría a la hora de administrarlo- permitirá que la sanidad pública siga siendo viable en el futuro.
Para optimizar el gasto, el informe de CESM propone una batería de medidas, como es la necesidad de llegar a un pacto de Estado (“para sacar la sanidad de la batalla partidista para afrontar sus fundamentos presupuestarios desde posiciones próximas al sentido común de los ciudadanos”), dar mayor participación a los profesionales en la gestión de los servicios sanitarios y moderar tanto la demanda de atención (para lo que se propone una cartera común de prestaciones en todo el SNS) como el gasto farmacéutico.
Otras medidas contempladas son mayor trasparencia en la gestión, centralización de compras, creación de una agencia de evaluación tecnológica encargada de planificar el uso y adquisición de instrumental técnico, dar una respuesta más eficaz a la atención que merecen los pacientes crónicos y la potenciar el sector de atención primaria.
Sobre esta última cuestión, a la que el trabajo de CESM concede especial importancia, se recuerda que pese a ser la puerta de entrada al sistema y más del 85% de la demanda sanitaria podría resolverse en su seno, resulta que la Atención Primaria recibe sólo el 14-15% del presupuesto del SNS, mientras que a los servicios hospitalarios y especializados se dedica el 60-61%.
La organización sindical pide revertir el actual estado de “marginación” del primer eslabón asistencial. Para ello, propone que el sector reciba como mínimo un 25% de presupuesto sanitario público, que se incrementen las plantillas y se le dote de los medios técnicos necesarios para la realización de pruebas diagnósticas y actuaciones terapéuticas que eviten o moderen la derivación de pacientes al nivel hospitalario, donde el gasto es considerablemente mayor.
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