Los doce laboratorios farmacéuticos seleccionados el pasado
24 de julio en la nueva convocatoria pública de selección de medicamentos del
Servicio Andaluz de Salud (SAS) han firmado esta semana el convenio, con una
duración de dos años. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
prevé ahorrar gracias a esta medida cerca de 200 millones de euros.
Para la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
María José Sánchez Rubio, este procedimiento, enmarcado en el Decreto Ley de
Medidas Urgentes de Farmacia, permite seguir avanzando en la eficiencia
económica del sistema sanitario público de Andalucía y utilizando nuevos
márgenes de mejora que revierten en el sistema sin mermar la calidad del
servicio prestado a los ciudadanos. Asimismo, permite que aquellas personas que
requieran hacer uso de estos medicamentos, siempre que hayan sido prescritos
por principio activo, tengan acceso siempre al mismo producto, con el mismo
envase y la misma presentación, lo que facilita su identificación y, por tanto,
la adhesión del paciente al tratamiento
Entre los fármacos de los 12 laboratorios firmantes se
encuentran antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, antihistamínicos,
antiinflamatorios, analgésicos, tratamientos para la hiperplasia benigna de
próstata, antidemencia, antiúlcera péptica. Se estima que los medicamentos
seleccionados comenzarán a dispensarse en las oficinas de farmacia de la
comunidad a partir de noviembre.
En la convocatoria resuelta ahora se incluían 43 principios
activos diferentes de 34 subgrupos farmacoterapéuticos y con 99 marcas o
denominaciones comerciales distintas. Un total de 17 laboratorios se
presentaron a esta convocatoria que se publicó el pasado mes de abril en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En concreto, los laboratorios seleccionados son: Arafarma
Group, Abamed, Aristo Pharma Iberia, Serra Palies, Bluesfish Pharmaceuticals,
Generfarma, KRKA, Vir, Korhispana, Rambaxy, Aurobindo, y Francisco Durbán.
Tal y como recogía la convocatoria, además de la oferta
económica, las empresas que participaban en la misma debían acreditar que
tienen capacidad para producir la cantidad requerida para dicho medicamento,
así como su compromiso para garantizar el abastecimiento de manera que se pueda
atender la demanda derivada de las prescripciones realizadas. De hecho, la
capacidad de producción se ha tenido en cuenta como prioridad en caso de
empate.
Dado que el precio de los medicamentos no se modifica, el
colectivo de las oficinas de farmacia seguirá obteniendo los mismos márgenes de
beneficio que determina la ley.
Contra esta convocatoria, el Gobierno central ha presentado
un recurso contencioso-administrativo en el que solicita la suspensión cautelar
del procedimiento, sobre el que se ha producido un pronunciamiento del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número 3 de Sevilla en el que rechaza dicha
petición.
Uso racional del
medicamento
La selección pública de medicamentos es posible gracias a la
prescripción por principio activo, una medida incluida en las políticas de uso
racional del medicamento en las que Andalucía es referente nacional.
La prescripción por principio activo es un modo de
indicación recomendado por la Organización Mundial de la Salud y supone que los
médicos no indican en sus recetas la marca comercial del medicamento sino el
principio que produce la acción terapéutica. Actualmente, el 93% del total de
recetas prescritas en la sanidad pública andaluza son por principio activo.
El objetivo es que los medicamentos que se entregan en las
farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio
activo sean los seleccionados por el SAS, de manera que se pretende aprovechar
la economía de escala que supone seleccionar medicamentos para más de ocho
millones de usuarios y conseguir con ello mejoras económicas procedentes de la
industria farmacéutica que repercuta en la sostenibilidad del sistema
sanitario.
En 2001 se comenzó a implantar este modelo de prescripción
y, desde entonces, esta fórmula, junto a otras políticas de uso racional del
medicamento, ha permitido reducir la factura farmacéutica sin menoscabo de la
calidad y la eficacia del medicamento y han supuesto un ahorro de 1.000
millones de euros en la última década. La experiencia andaluza ha servido de
base a la implantación de este modelo de prescripción por principio activo al
conjunto del Sistema Nacional de Salud.
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