Andalucía contará con comisiones de coordinación para los procesos de incapacitación de personas con discapacidad psíquica

               

Andalucía contará con comisiones de coordinación para los procesos de incapacitación de personas con discapacidad psíquica. Así lo ha anunciado hoy la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante la jornada del Defensor del Pueblo Andaluz, en la que se ha presentado esta propuesta de coordinación y trabajo en equipo.

Concretamente, habrá una comisión autonómica y ocho provinciales, en las que estarán representados todos los agentes intervinientes en este proceso. Este modelo, desarrollado por la Oficina del Defensor del Pueblo de Andalucía para Sevilla, será extendido por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales al resto de la comunidad.

Sánchez Rubio, quien ha reiterado que “la discapacidad no es sinónimo de incapacidad”, ha recordado que desde Andalucía “se han dado pasos importantes” en este ámbito. Muestra de ello es la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad, en la que se promovió la coordinación de la Junta con la autoridad judicial, en los casos de personas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente, para la designación de entidades sociales sin ánimo de lucro que desempeñasen la tutela o curatelas de ésta, de acuerdo con lo recogido en el Código Civil.

Para ello se impulsó la creación de entidades tutelares que garantizasen el acercamiento a la persona tutelada, cuidando su integración en el entorno.

Tal y como ha señalado la consejera del ramo, con el objetivo de unificar criterios se desarrolló el protocolo de actuación de las entidades tutelares de Andalucía, y ahora se da un paso más estableciendo una propuesta de coordinación en los procesos de incapacitación relativos a personas con discapacidad psíquica, actuaciones todas ellas que se completan con trabajos ya iniciados en Andalucía como son la creación del grupo de derechos humanos y salud mental, la mesa de coordinación de entidades tutelares creada hace dos años en Sevilla, el II Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad (2011-2013) o el anteproyecto de la nueva ley de los derechos  y la atención a las personas con discapacidad.