La Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) ha acogido los días 5 y 6 de septiembre el XIII Encuentro de la Industria
Farmacéutica con el título “Los nuevos sistemas de precios de los medicamentos”.
Esta edición, dirigida por Félix Lobo, Catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad Carlos III de Madrid, ha contado hoy con la participación, entre otros, del
director general de FEDIFAR, Miguel Valdés, en una mesa debate dedicada a
examinar el mercado público y privado de los medicamentos.
El RDL 16/2012 introducía la posibilidad de que una misma presentación tenga un precio intervenido cuando resulta financiado y otro notificado si es dispensado con receta privada. No obstante, la aprobación el pasado mes de julio de la Ley 10/2013 que modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, obliga a almacenes mayoristas y farmacias (a través de la organización colegial) a aportar la información necesaria para hacer posible el rembolso debido por las oficinas de farmacia.
El RDL 16/2012 introducía la posibilidad de que una misma presentación tenga un precio intervenido cuando resulta financiado y otro notificado si es dispensado con receta privada. No obstante, la aprobación el pasado mes de julio de la Ley 10/2013 que modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, obliga a almacenes mayoristas y farmacias (a través de la organización colegial) a aportar la información necesaria para hacer posible el rembolso debido por las oficinas de farmacia.
En este sentido, el director general de FEDIFAR ha mostrado su acuerdo con esta
decisión, con el objetivo de facilitar los ajustes de precios y ha destacado que “este
sistema debe ser consensuado entre los agentes, e incluso, sería conveniente que los
agentes tengan posibilidad de participar en los órganos de decisión”.
A decisión del titular de la autorización de comercialización, siempre que no objete el Ministerio de Sanidad, el precio notificado es de aplicación a medicamentos y productos sanitarios que no precisen receta, así como para los que sea necesario prescripción médica, cuando no resulten financiados, si son dispensados en España.
-Preocupación en el sector
La implementación de los denominados precios notificados, de acuerdo al artículo 90 del RD 16/2012, extendió la preocupación entre las empresas de distribución farmacéutica y las oficinas de farmacia. La dualidad entre los precios notificados y los precios financiados implicaba que las oficinas de farmacia tuviesen que aplicar uno u otro en función de si el medicamento acabase siendo, efectivamente, financiado con cargo a fondos públicos o dispensado a un paciente con receta privada. Tanto las empresas de distribución como las oficinas de farmacia, no obstante, tenían la obligación de pagar precio notificado.
En un primer momento, las boticas se veían obligadas a abonar la diferencia entre ambos precios y no estaba estipulado quién y cuándo liquidará la diferencia. El Sistema Nacional de Salud abonaría el precio financiado, de modo que la diferencia entre el notificado y financiado fuese asumida por el farmacéutico. Esto, sumado a los impagos derivados de la difícil coyuntura económica, suponía un nuevo revés para los titulares de oficinas de farmacia.
Sin embargo, hasta ahora, no existía un mecanismo de compensación entre laboratorios, distribuidores y farmacias para ajustar las diferencias entre el precio financiado y el precio notificado. La modificación del punto 6 del artículo 90 deja claro que es la farmacia la que compensa. Es decir que todos los suministros se hacen a precio financiado. El mecanismo de compensación debe contar con la aprobación de la Agencia Tributaria y no se puede identificar al mayorista objeto de compensación.
A decisión del titular de la autorización de comercialización, siempre que no objete el Ministerio de Sanidad, el precio notificado es de aplicación a medicamentos y productos sanitarios que no precisen receta, así como para los que sea necesario prescripción médica, cuando no resulten financiados, si son dispensados en España.
-Preocupación en el sector
La implementación de los denominados precios notificados, de acuerdo al artículo 90 del RD 16/2012, extendió la preocupación entre las empresas de distribución farmacéutica y las oficinas de farmacia. La dualidad entre los precios notificados y los precios financiados implicaba que las oficinas de farmacia tuviesen que aplicar uno u otro en función de si el medicamento acabase siendo, efectivamente, financiado con cargo a fondos públicos o dispensado a un paciente con receta privada. Tanto las empresas de distribución como las oficinas de farmacia, no obstante, tenían la obligación de pagar precio notificado.
En un primer momento, las boticas se veían obligadas a abonar la diferencia entre ambos precios y no estaba estipulado quién y cuándo liquidará la diferencia. El Sistema Nacional de Salud abonaría el precio financiado, de modo que la diferencia entre el notificado y financiado fuese asumida por el farmacéutico. Esto, sumado a los impagos derivados de la difícil coyuntura económica, suponía un nuevo revés para los titulares de oficinas de farmacia.
Sin embargo, hasta ahora, no existía un mecanismo de compensación entre laboratorios, distribuidores y farmacias para ajustar las diferencias entre el precio financiado y el precio notificado. La modificación del punto 6 del artículo 90 deja claro que es la farmacia la que compensa. Es decir que todos los suministros se hacen a precio financiado. El mecanismo de compensación debe contar con la aprobación de la Agencia Tributaria y no se puede identificar al mayorista objeto de compensación.
A pesar de ello, el director general de FEDIFAR, Miguel Valdés, ha solicitado que se
revise el nuevo sistema y explica que “requiere que se definan las bases de actuación
ante este nuevo modelo para cada uno de los agentes. “De lo contrario –añade-, se
ocasionarán conflictos y tensiones entre las partes implicadas”.
Antes del diseño del procedimiento, Valdés ha destacado que se tendrá que aclarar a qué productos afectaría el precio notificado y qué diferencia habría entre precio notificado y precio financiado. Y entre las conclusiones de la puesta en marcha de este procedimiento, evaluar a quién beneficia y en qué medida y cómo afecta a los contratos de suministro suscritos entre algunos laboratorios y mayoristas. “Todo ello sin olvidar qué ocurrirá con los conocidos como precios libres”, ha señalado.
Antes del diseño del procedimiento, Valdés ha destacado que se tendrá que aclarar a qué productos afectaría el precio notificado y qué diferencia habría entre precio notificado y precio financiado. Y entre las conclusiones de la puesta en marcha de este procedimiento, evaluar a quién beneficia y en qué medida y cómo afecta a los contratos de suministro suscritos entre algunos laboratorios y mayoristas. “Todo ello sin olvidar qué ocurrirá con los conocidos como precios libres”, ha señalado.
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