Estamos
en un momento clave en España para asentar las bases futuras de lo que será
el modelo de autorización de nuevos medicamentos, así como la fijación de su
precio y la decisión sobre su financiación con las arcas públicas, según se
ha puesto de relieve en una jornada que ha permitido congregar en un mismo foro
a los principales responsables de establecer la política de fijación de
precios de los medicamentos y su financiación.
En esta
reunión, organizada por el Instituto Roche, se han puesto en común los
avances y limitaciones que existen actualmente en el desarrollo de un sistema
de colaboración para la elaboración de los informes de posicionamiento
terapéutico (IPT) de los medicamentos, que pretende establecer un nuevo
modelo integrado y transparente.
El encuentro, en el que han participado más de 250 profesionales, ha
permitido sentar las bases de los informes de posicionamiento terapéutico de
los medicamentos de uso humano. Como ha apuntado Agustín Rivero, Director
General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia del Ministerio de
Sanidad, “estos informes deberán ofrecer, más allá de la autorización del
medicamento, información relevante y basada en la evidencia científica de la
posición que el nuevo medicamento ocupa en el mercado en comparación con otros
medicamentos o medidas de salud ya existentes”.
Durante
la reunión se ha hablado sobre el IPT como nuevo elemento para la toma de
decisión, los cambios en el proceso de evaluación de precio y financiación
de los medicamentos, los criterios de evaluación y la transparencia del
proceso, así como sobre los futuros esquemas de precio y financiación. Además,
en una mesa redonda se han analizado los factores clave para conseguir un
modelo válido de evaluación para decidir sobre el precio y financiación de los
medicamentos en el SNS.
Cambio
de concepto
Una de las principales aportaciones efectuadas en este foro, y que ha
concitado el interés mayoritario de los expertos asistentes, ha sido expuesta
por Andreas Abt, Presidente del Patronato de la Fundación Instituto
Roche, que ha propuesto “un modelo de autorización y
comercialización de nuevos fármacos en el que se pase del concepto de precio por miligramo hasta un concepto de precio
por resultado”, insistiendo también en que “es
posible encontrar un equilibrio entre la innovación y la austeridad”.
En esta línea, Agustín Rivero ha convenido también en la necesidad de
instaurar en España “modelos de evaluación y autorización de medicamentos, así
como de fijación de precios y de su financiación, acordes a los resultados de
salud que consigan”; en definitiva, ha insistido, “los precios de los
nuevos medicamentos deben basarse en los resultados que procuran en los
distintos indicadores de salud”.
Coincidiendo con esta idea, Carlos Lens, Subdirector
General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad), ha
introducido el concepto de “remuneración por resultados”. En su opinión,
“debemos acostumbrarnos, como ya está pasando desde hace años en otras
parcelas del sistema sanitario, al riesgo compartido”, es decir, que
Industria Farmacéutica y la administración pública sanitaria compartan
beneficios y pérdidas, de manera que “no siempre las pérdidas se sufraguen
con dinero público”.
Transparencia y consenso
La evaluación y autorización de nuevos medicamentos por cualquiera de los
procedimientos en vigor abre, a su vez, un proceso de decisión sobre el precio
y la financiación de los mismos y, finalmente, su eventual incorporación
efectiva a la práctica asistencial. En este proceso intervienen, al menos, las
estructuras de evaluación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, de la Dirección General de Cartera Básica del Servicio Nacional de
Salud y Farmacia, y las de las Comunidades Autónomas. Pero también las sociedades
científicas y profesionales sanitarios, la Industria Farmacéutica y los propios
pacientes tienen mucho que aportar en este ámbito.
En este
contexto, se está trabajando actualmente en el desarrollo de un modelo de
IPT que nace con el reto de “ser un informe sólido, liderado por la
administración sanitaria, que asegure una mayor transparencia y que sea útil
para las distintas instancias que deben tomar una decisión sobre si se autoriza
o no un fármaco, y se encarguen de poner un precio y de decidir su
financiación”, ha apuntado César Hernández, Jefe del Departamento de
Medicamentos de Uso Humano (Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, AEMPS).
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