La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha avisado este miércoles de que su departamento buscará un "resquicio legal" a la previsión del Ministerio de Sanidad de impedir rebajas en el precio industrial de los medicamentos a no ser que las mismas se hagan en todo el territorio nacional, lo que entraría en conflicto con la subasta de medicamentos aprobada en Andalucía --aunque recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional--, al objeto de "seguir manteniendo esta política que nos permite un ahorro a las arcas públicas de 220 millones de euros".
Montero se ha referido así a una de las enmiendas que el PP ha presentado en el Congreso al proyecto de la ley de farmacovigilancia, que modificará la Ley del Medicamento, y donde se señala que el precio industrial de los medicamentos "no podrá ser objeto de modificación a efectos de prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud, salvo en el caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional".
En declaraciones a la cadena SER, recogidas por Europa Press, Montero ha avisado así de que, "aunque se apruebe la medida, vamos a buscar un resquicio para poder seguir desarrollando nuestra política de ahorro", al menos, ha matizado, "si el redactado es el que queda reflejado en esa enmienda y no hay otra cuestión adicional".
En ese caso, ha asegurado que "podríamos mantener la subasta de medicamentos hasta que el Constitucional se pronuncie (sobre el fondo de la cuestión) y se disponga de un dictamen definitivo". Al hilo de ello, ha recordado que el TC ya levantó la suspensión cautelar que pesaba sobre la norma andaluza.
Preguntada por las presuntas amenazas que el Ministerio ejerció contra algunas compañías farmacéuticas, Montero ha denunciado que "se han seguido produciendo" y ha detallado que han consistido "básicamente en que no haya una competencia en esto del libre mercado que tanto defiende el PP, pero que cuando afecta a los intereses de las grandes multinacionales parece que no lo practica".
"Al final provocó que muchos laboratorios no se presentaran a la subasta por el miedo a que les obligasen a realizar precisamente una bajada (lineal) de sus fármacos en todo el territorio nacional", ha proseguido la titular andaluza del ramo, toda vez que ha reprochado que en los casos de los laboratorios que se presentaron a la subasta "el Gobierno central, de hecho, cumplió su amenaza".
Al hilo de ello, ha mostrado su certeza de un "pacto previo" que tendría el Gobierno de España "para defender y proteger los intereses de la industria farmacéutica, ya que, tras la baja de precios en los medicamentos, el Gobierno se ha comprometido con la industria a que no existirá capacidad por parte de las CCAA para que podamos poner en marcha iniciativas que son para los laboratorios mucho más agresivas que la propia bajada de precios de sus fármacos", ha argumentado.
Finalmente, ha denunciado que "lejos de 'cargarse' a la subasta, lo que sí eliminaría la enmienda que prepara el Gobierno, tal cual está redactada, es la capacidad de compra de medicamentos que tienen los hospitales a precios más baratos".
"En toda España se han producido ahorros de más de 1.000 millones de euros", ha concluido Montero, en referencia a las compras de medicamentos que los hospitales vienen haciendo a través de concursos públicos desde hace años.
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