La Consejería de Salud y Bienestar Social, a través de su red de recursos destinados al tratamiento de las adicciones, atendió en 2012 a 61.235 personas afectadas en diferentes grados y naturaleza por problemas de drogadicción.
De estas personas atendidas, 21.627 lo han sido por primera vez en ese año, es decir fueron nuevas altas en los diferentes programas de tratamiento. Al igual que en otros años anteriores, la adicción a opiáceos, alcohol y sustancias estimulantes ocupan los primeros puestos en las adicciones de los andaluces.
Para la atención a estas personas, Salud y Bienestar Social cuenta con una red pública asistencial, en la que trabajan 1.250 personas, a las que hay que añadir las 471 contratadas por las entidades locales dentro del Programa Ciudades ante las Drogas. Se trata de 187 centros repartidos por toda la geografía andaluza entre públicos y concertados, que prestan servicios que abarcan desde la desintoxicación, a centros de día, unidades terapéuticas o viviendas tuteladas.
Pero además, y como parte fundamental del abordaje de estos problemas, hay que ofrecer también alternativas tras el período de asistencia y tratamiento para favorecer la integración y reinserción social. Para ello, desde el Gobierno Andaluz, se han incorporado a este objetivo Programas de Formación Profesional Ocupacional, la Red de Artesanos y Actuaciones Sociales en Espacios Naturales de Andalucía, que están posibilitando la formación y contratación de personas en situación de exclusión social o con especiales dificultades para insertarse en el mercado laboral.
Para continuar esta labor asistencial y de reinserción social, en este ejercicio la Consejería cuenta con una dotación presupuestaria de 35 millones de euros, a los que también se sumarían los que destinan otras consejerías también relacionadas en algunas de sus competencias con esta materia, así como las ayudas y subvenciones para asociaciones y entidades colaboradoras que ya el ejercicio anterior ascendieron a 3,6 millones de euros.
Estas cifras “ponen en evidencia”, según ha explicado la consejera del ramo, María Jesús Montero en comisión parlamentaria, “la importancia que desde el Gobierno Andaluz damos al desarrollo de estas políticas, porque entendemos que es un colectivo de ciudadanos que pueden ser incorporados en la mayoría de los casos a una plena integración social y por tanto a una superación del problema”.
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