La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha defendido hoy “más que nunca” un modelo público de la Atención a la Dependencia en el que los servicios se financien con fondos públicos, a diferencia del escenario privatizador que plantea el Gobierno central y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Montero ha garantizado que el Gobierno de Andalucía va a seguir desarrollando la Ley de la Dependencia a pesar de las dificultades financieras derivadas de decisiones del Gobierno de España.
Durante una comparecencia en la Comisión de Salud y Bienestar Social del Parlamento andaluz, Montero ha asegurado que la coalición de izquierdas que gobierna en Andalucía es especialmente sensible a las dificultades que cotidianamente atraviesan las personas en situación de dependencia y sus familias, así como de la incertidumbre a la que se enfrenta este colectivo debido, en gran parte, a la “retirada definitiva del Gobierno de España de todas las políticas sociales y, especialmente, de la atención a la Dependencia”.
Fruto de esta sensibilidad es, según la consejera, que Andalucía es la comunidad líder en la aplicación de esta Ley, con casi el 25% de todas las personas beneficiarias de España (en concreto, en Andalucía había más 185.400 a 28 de febrero pasado) y el 27% del conjunto nacional de prestaciones (había 254.300 prestaciones en Andalucía a la citada fecha). De hecho, Andalucía suma en la actualidad más prestaciones que Castilla La Mancha, Valencia, Madrid y Galicia juntas, según ha resaltado Montero.
Todo ello ha significado un importante esfuerzo económico que se ha materializado en una inversión de más de 5.400 millones de euros en Andalucía desde la entrada en vigor de la Ley hasta la actualidad, una vez recibidos los datos oficiales de cierre del ejercicio 2012, en el que la inversión en dependencia fue de 1.335 millones de euros, de los que la Junta aportó el 75% y la Administración General del Estado sólo el 25%, ha lamentado la consejera, que ha insistido en la retirada paulatina del Gobierno central de estas políticas.
Ley de Reforma Local, antesala de la privatización de los servicios sociales
En el marco de esta retirada de las políticas sociales, Montero ha situado el anteproyecto de ley de Reforma Local, con la que –ha advertido— el Gobierno “abre la puerta a la privatización en el ámbito de los servicios sociales y arrebata a los municipios toda su capacidad de acción en la materia”, al tiempo que deja a las comunidades autónomas ante “una carga financiera inasumible” debido a la nula aportación estatal.
En este sentido, la consejera ha subrayado que Andalucía se ha distinguido por conceder un papel protagonista a las corporaciones locales en todas las etapas del procedimiento de atención a la Dependencia, lo que ha supuesto un importante esfuerzo de coordinación y de gestión dentro del modelo de descentralización por el que siempre ha apostado la Junta de Andalucía y que ahora pretende destruirse –según ha explicado-- con reforma local que planea el Ejecutivo central. Montero ha añadido que espera que el Gobierno central rectifique en esta materia.
La titular de Salud y Bienestar Social ha recordado los recortes efectuados por el Gobierno que preside Mariano Rajoy en materia de Dependencia, que han supuesto 214 millones de euros que ha dejado de ingresar Andalucía en dos años, una situación que unida al objetivo de déficit impuesto a las comunidades autónomas ha dado lugar a una ralentización en el sistema de Dependencia.
La consejera ha defendido un modelo público en la atención a la Dependencia frente a una línea ideológica conservadora que afronta la actual situación a través de medidas como la reducción de la intensidad de las prestaciones, el copago de servicios, la reducción del 15% en las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, la eliminación del pago de las cuota de las cuidadoras a la Seguridad Social o el retraso hasta 2015 de la entrada de personas con dependencia moderada en el sistema.
Montero ha alertado especialmente sobre el modelo del “cheque-servicio” de Madrid o del “cheque-residencia” en Castilla La Mancha que, a su juicio, conllevan la desprotección de los colectivos más vulnerables de la población y obligan a la ciudadanía a “buscarse la vida” –ha apuntado coloquialmente-- en lugar de contar con las garantías de la Administración. Frente a ello, Andalucía cree en el modelo público –ha reiterado—y confía en la sostenibilidad del sistema, que requiere –ha explicado—tres parámetros: voluntad política, legitimación ciudadana y una gestión eficiente de los recursos.
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