La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha alertado hoy ante la equiparación que se defiende desde algunos sectores, y también desde el Gobierno de la Nación, entre la prestación económica vinculada al servicio y la concertación pública de plazas para atender a las personas en situación de Dependencia. Según Montero, con dicha fórmula “la Administración, que no estaría obligada a concertar plazas, daría un paso atrás y operaría el libre mercado”, de manera que la ciudadanía quedaría sin garantías para hacer efectivos sus derechos y se destruiría el propio espíritu de la Ley.
Montero ha lanzado esta reflexión en el encuentro de CEPES Andalucía ‘La Ley de Dependencia en la actual coyuntura de crisis económica: alternativas para la Economía Social’ y ha expresado su temor sobre que dicha equiparación, que ahora se defiende desde ciertos ámbitos al calor de la situación de crisis en la que nos encontramos, suponga un cambio en la esencia de la Ley y en el modelo de Dependencia. “El espíritu de la ley no era que las personas recibieran un cheque y que se buscaran la vida”, ha dicho coloquialmente la consejera, quien ha hecho especial hincapié en que este modelo provocaría que las personas que no pudieran complementar la cuantía de dicho cheque para recibir el recurso necesario se plantearan incluso renunciar al propio cheque.
“Con ello se atentaría contra la estabilidad de la concertación de plazas”, de manera que “a aquellos más capaces de resistir el mercado les iría mejor, y otros que no tuvieran tanta capacidad de resistencia en el mercado tendría más dificultades”, ha subrayado María Jesús Montero.
Asimismo, la consejera ha manifestado que Andalucía está en mejores condiciones que otras regiones para aguantar envites a la Ley de la Dependencia, ya que desde la Junta siempre se tuvo clara la apuesta por el desarrollo de la norma, que avanzó mucho más y a un mayor ritmo que en otras zonas de España. Se ha mostrado confiada en que esta situación posibilitará que Andalucía pueda blindar los derechos que reconoce esta norma.
En su intervención, ha recordado que las “comunidades autónomas tienen que cumplir un objetivo de déficit con un esfuerzo cinco veces superior al que se reserva el Gobierno de España” y que Andalucía ha dejado de recibido “alrededor de 220 millones de euros” desde las modificaciones de la ley, “lo que supone un 20% del presupuesto total destinado a esta partida”.
En este último año el Gobierno central ha realizado varias modificaciones en la ley como la paralización la dependencia moderada, dejando a 40.000 andaluces fuera del sistema, o la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras y la rebaja de la ayuda que reciben por atender a sus familiares, que ha afectado a más de 110.000, en su mayoría mujeres. La consejera también ha asegurado que continuará su intento por discutir el nivel mínimo y que “el Gobierno central le ponga una cifra, siguiendo el espíritu de la ley”. Este nivel mínimo es la cantidad base que se destina para cada persona dependiente.
Igualmente, en relación a los recortes del Gobierno central, Montero ha asegurado que “la comunidad autónoma, sin financiación adicional, no tiene capacidad de compensar la menor financiación que viene por parte del Gobierno de España”. En esta línea, ha recordado que frente a la financiación al 50% entre ambas administraciones que se pactó para poner en marcha la Ley, actualmente este porcentaje se ha descompensado y ahora la Junta asume el 70%, frente al 30% de la Administración central.
La titular de Salud y Bienestar Social se ha comprometido a seguir buscando fórmulas que permitan que no haya recorte de derechos sociales, así como a mantener un diálogo fluido y permanente con las empresas y entidades que trabajan en este sector.
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