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05 February 2013

La patronal de genéricos denuncia posibles irregularidades en la adjudicación de la subasta andaluza



La patronal de la industria de medicamentos genéricos en España (AESEG), que representa a un 96% del sector y agrupa a las grandes compañías farmacéuticas nacionales y multinacionales en nuestro país, ha tenido acceso a una serie de datos que, según dice, evidencian la existencia de irregularidades en la adjudicación de la subasta andaluza.
 
Según la información suministrada por AESEG, en concreto, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) concedió la adjudicación de determinadas moléculas a compañías que, en algunos casos, no cumplen los requisitos mínimos exigidos por la Ley 22/2007 de Farmacia de Andalucía, en particular en lo que respecta a su art. 60bis, norma que la propia Junta de Andalucía modificó para habilitar el sistema de subastas. En consecuencia, la adjudicación de ciertas moléculas estaría viciada de nulidad, no sólo por basarse en una norma de dudosa constitucionalidad sino porque las compañías adjudicatarias no cumplirían con los requisitos claramente exigidos por la normativa que la Junta de Andalucía elaboró para dotar de una supuesta legalidad al sistema de subastas andaluzas. Asimismo, AESEG informa de que va a dirigirse al SAS con el fin de que deje sin efecto la adjudicación de la subasta a las compañías afectadas y señalando que se reserva la posibilidad de iniciar acciones legales tanto frente al propio Servicio Andaluz de Salud como frente a los laboratorios adjudicatarios.



Riesgo de desabastecimiento


La mayor parte de las 13 compañías seleccionadas en estas segundas subastas andaluzas son compañías exclusivamente comercializadoras, con una mínima cuota de participación y contribución al tejido industrial y al PIB, con estructuras que pueden afectar la capacidad real de producción y un regular abastecimiento. Considerando que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el fondo del recurso presentado por el Gobierno central ante la normativa de subastas desplegadas por el Gobierno andaluz, la patronal AESEG confía en que el Gobierno y la Administración central pongan en marcha los recursos necesarios para garantizar el libre acceso al medicamento en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos del país, dentro de un marco jurídico estable y predecible que garantice a su vez la libre concurrencia e igualdad de oportunidades a todas las compañías farmacéuticas.

Posibles consecuencias de la puesta en marcha de las subastas


AESEG calcula que serían 1.500 despidos los que se producirían en el sector si se implementase la segunda ronda de subastas de medicamentos en Andalucía. Además, la patronal calcula una caída de la productividad de un 15% y un descenso de la inversión en i+D de más de 20 millones de euros en el sector industrial de los medicamentos genéricos en el caso de ponerse en marcha esta iniciativa por parte de la Junta de Andalucía. En la actualidad, siete de cada 10 medicamentos genéricos consumidos en nuestro país se fabrican en España, dentro de un sector industrial que genera más de 8.000 empleos directos y 26.000 indirectos y que está alineado con el objetivo de desarrollo establecido por el Gobierno de contribución positiva al PIB. Según el presidente de AESEG, Raúl Díaz-Varela, "las compañías de la patronal AESEG siempre han manifestado su posición contraria a la aplicación de las subastas en Andalucía, por entender que se trata de una normativa contraria a la unidad de mercado, que impide al ciudadano el libre acceso al medicamento y que establece diferencias entre pacientes en función de la Comunidad Autónoma de residencia".

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