Andalucía ha invertido más de 4.500 millones en el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia desde su entrada en vigor en 2007. Un “esfuerzo” y “compromiso”, ha explicado la consejera de Salud y Bienestar Social, María jesús Montero en el Parlamento, que se ha visto reflejado en la evaluación del Observatorio Estatal para la Dependencia, que valora la evolución del sistema de atención a la dependencia tanto en el conjunto de España como en cada Comunidad Autónoma en concreto. El Obsevatorio ha señalado que Andalucía “destaca de manera notable” en la aplicación de esta Ley, con una valoración de un 7,1. Una calificación “especialmente significativa”, ha dicho la consejera, “si tenemos en cuenta que la nota media que le otorga el Observatorio al conjunto de las comunidades autónomas es de un 4,72 y que la mitad de las regiones suspenden”.
En Andalucía hay 188.000 personas beneficiarias, un 25% de todas las personas con derecho a prestación en España. Por otro lado, Andalucía también es líder en número de prestaciones concedidas, con 258.000 (el 27% del total de todo el país).
Otra de las fortalezas del sistema de atención a la dependencia en Andalucía, según ha detallado Montero, “es nuestra apuesta por los servicios de proximidad”, de manera que 177.000 personas están recibiendo el Servicio de Teleasistencia (el 51% del total nacional) y 49.200 personas reciben Ayuda a Domicilio (el 40% del total nacional). La consejera ha hecho hincapié en estos datos porque precisamente el Observatorio para la Dependencia advierte en su informe de la necesidad de potenciar el desarrollo de estos servicios de proximidad, “claramente abandonados en otras comunidades autónomas”.
El propio informe del Observatorio pone de manifiesto que “se mantiene invariable el empecinamiento de algunas CCAA en no aplicar las prestaciones y servicios que la ley contempla, poniendo a sus ciudadanos en una situación de desprotección”.
En esta línea, la consejera ha dado algunos datos: Andalucía multiplica por 1,6 el porcentaje de población beneficiaria de todas las regiones gobernadas por el PP, sumando más prestaciones que Madrid, Valencia, Galicia y Castilla La Mancha juntas (que suman el doble de población de Andalucía).
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