La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, a través de su red asistencial, atendió el pasado año 2012 a 61.235 personas por adicción a las drogas. Los opiáceos, con 19.481 personas atendidas; el alcohol, con 14.773, y los estimulantes, con 11.203 pacientes, ocupan los primeros puestos en la lista de sustancias con más adictos. En 2012, concretamente, se produjeron 21.627 nuevas admisiones a tratamiento, 1.640 más que en 2011.
Estos datos los ha ofrecido la consejera del ramo, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la actividad en materia de prevención, tratamiento y reinserción de personas con adicciones, muchas de éstas acciones ligadas al Plan Nacional sobre Drogas, un instrumento fundamental de financiación de actividades y acciones de lucha contra las drogodependencias que tiene entre sus objetivos la coordinación y la potenciación de las políticas que esta materia llevadas a cabo por las comunidades autónomas.
En Andalucía, ha resumido Montero, sólo en la red pública asistencial de la Consejería de Salud y Bienestar Social adscrita a adicciones trabajan más de 1.250 personas, desde médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores a orientadores laborales, cuidadores y pedagogos, pasando por personal de limpieza, lavandería o cocina. Además, hay 471 personas contratadas por las entidades locales para el Programa Ciudades ante las Drogas.
La red de adicciones en Andalucía, ha explicado Montero, dispone de recursos de asistencia e incorporación social de carácter ambulatorio y de carácter residencial con los que da respuesta a las necesidades de las personas usuarias. Son 187 centros repartidos por toda la geografía andaluza, públicos y privados con concierto con la Junta, que prestan servicios que van desde la desintoxicación, el encuentro en los centros de día, las unidades terapéuticas o las viviendas tuteladas.
En la Consejería de Salud y Bienestar Social, he enumerado Montero, hay recursos asistenciales –-centros de encuentro y de acogida, centros de tratamiento ambulatorio, unidades de desintoxicación hospitalaria, comunidades terapéuticas, viviendas de apoyo al tratamiento y viviendas de apoyo a enfermos de Sida-- y programas asistenciales que suponen un trabajo conjunto con otras consejerías y otros organismos públicos, como el programa de tratamiento con metadona, el programa de atención a las personas con problemas de drogodependencias y adicciones en comisaría, el programa de apoyo a instituciones penitenciarias o el servicio de seguimiento de los pacientes del programa experimental de prescripción de estupefacientes de Andalucía.
Además, existen programas de incorporación social, como la red de artesanos, el Programa Arquímedes, la Formación Profesional Ocupacional, un servicio de asesoramiento jurídico y penal, el Programa Orienta, acuerdos con empresas para la inserción laboral y un Programa de Actuación Social en Espacios Naturales de Andalucía, destinado a la formación y contratación de personas en situación de exclusión social o con especiales dificultades para insertarse en el mercado laboral. Otra vertiente son los recursos de incorporación social, con viviendas de apoyo a la reinserción y los centros de día; los programas de prevención y las campañas de prevención.
Todas estas actividades tienen en 2013 una asignación presupuestaria en las cuentas de esta consejería de algo más de 35 millones de euros –a los que se sumarían los recursos económicos de otras consejerías que también trabajan en la línea de prevención e inclusión laboral y educativa. A esto, habría que sumar además las ayudas y subvenciones que otorgamos a asociaciones y entidades que nos ayudan en esta tarea y que sumaron más de 3,6 millones de euros el año pasado.
Frente a estos 35 millones que destina la Junta, la consejera Montero ha explicado que la cantidad que aporta el Estado se reduce “a la mínima expresión”. En concreto, para 2013, el Estado aportará un 4,28% de ese monto, alrededor de 1,4 millones de euros.
En ese punto Montero ha criticado un nuevo recorte del Gobierno a estas partidas “fundamentales para el mantenimiento de la salud física y mental de una sociedad” y “un nuevo ejercicio de cinismo”, ya que se ha consignado casi medio millón de euros a un concepto del Plan Nacional sobre Drogas, el 451, que comprometido y aprobado, se dejó sin abonar en 2012 y que supuso que Andalucía dejara de recibir casi 800.000 euros de los 1,8 millones con los que contaba por parte del Estado.
Preocupación por el problema de las drogas
La consejera de Salud y Bienestar Social también ha mostrado su temor a que aumenten las adicciones como apuntan algunos datos. Así, ha hecho referencia al estudio bienal ‘Población andaluza y drogas’ que presentó en verano y en el que se afirma que la prevalencia del consumo de cocaína y heroína entre los ciudadanos andaluces ha disminuido, mientras que en el alcohol ha aumentado tanto en la prevalencia como en el consumo de riesgo. Otras sustancias, como el cannabis y tranquilizantes e hipnosedantes sin prescripción médica han subido sutilmente según la encuesta.
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