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16 January 2013

“El nivel de preocupación de la enfermería es enorme” denuncia el CGE




El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, en un encuentro con los medios de comunicación, se ha mostrado preocupado con la situación que se está atravesando en la sanidad española, con continuos recortes por parte de las Comunidades Autónomas, y ha alertado a las autoridades sanitarias que podemos estar encima de un “polvorín a punto de estallas”.

El Pacto de Estado ha vuelto a ser, una vez más, la solución propuesta por parte del presidente de los enfermeros españoles para salvar el sistema sanitario. “Hace falta despolitizarlo”, ha afirmado, debido a que “hay un desconcierto absoluto en estos momentos, con medidas distintas en uno y otro sitio y con profesionales hundidos y desmoralizados”. Esto provoca “un clima de desconfianza brutal” pero “dudo de que el sistema se haya deteriorado tanto como para perder la confianza de los ciudadanos”. Por eso González Jurado propone que “los dos grandes partidos hagan un ejercicio de responsabilidad y se sienten a hablar. Los profesionales estamos deseando ayudar, pero hace falta que haya un horizonte. No se pueden tomar medidas de cualquier manera que, además, no son coincidentes en ningún territorio”.

Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales


González Jurado ha hecho un análisis riguroso del actual Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales desde una perspectiva puramente sanitaria. De esta manera, se han explicado las importantes consecuencias que esta futura normativa va a tener para los pacientes, para la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria y para los propios profesionales sanitarios. Para González Jurado se trata de una apuesta por la modernización de los colegios profesionales como órganos reguladores de sus profesiones y su adaptación a la realidad europea, algo que el sector venía demandando desde hace muchos años. Así, ha señalado que con el actual proyecto normativo “ganamos todos: el paciente, en el caso de las profesiones sanitarias, porque van a estar muy protegidos sus derechos; el profesional, que se va a ver respaldado en sus buenas prácticas profesionales, y el propio sistema sanitario”.


Defensa de los pacientes

Con la nueva ley de servicios profesionales, se está ahondando aún más en la defensa de los ciudadanos dado que “el papel de los colegios profesionales debe garantizar tres cosas: la imparcialidad, la independencia y el secreto profesional, tal y como reflejaba la propia Directiva de Servicios Profesionales, modificando y modernizando, a su vez, la organización de los propios colegios profesionales. Disposiciones con las que el Consejo General de Enfermería no podía estar más de acuerdo”.

La nueva regulación también introduce, por primera vez, una clara separación de poderes en los colegios profesionales. Separación que se ha solicitado desde el propio Consejo General de Enfermería, pues si bien el poder legislativo sí estaba reconocido como tal, a través de las asambleas generales, tanto de los colegios provinciales, como del propio Consejo General, el poder ejecutivo y el judicial confluyen en las juntas directivas o de gobierno, de las que dependen las comisiones deontológicas. “Las comisiones pueden abrir un expediente, pero no tienen capacidad ejecutiva de las decisiones que tomen, sino que deben ser adoptadas por la junta directiva, algo que resulta inaceptable hoy en día”.

Por su parte, la ley de mediación aprobada el año pasado ha considerado a los colegios profesionales como elemento de mediación y arbitraje. Establece que los mediadores deberán tener una formación complementaria, específica en el ámbito de la mediación, para ser especialistas en este ámbito.

Régimen de incompatibilidades


“Yo no puedo ser presidente de un colegio, y al mismo tiempo ser miembro de un consejo de administración de una compañía de aseguramiento, porque puedo tener que tomar decisiones en el ámbito de ordenación profesional y deontológico que pueden colisionar con los intereses que tiene esa compañía”. Lo mismo sucede con los directivos de una organización política o una organización sindical. En todos estos casos, para González Jurado la incompatibilidad “ha de ser totalmente rígida”.

Asimismo, ha señalado que, desde el Consejo General de Enfermería, se ha solicitado al Ministerio de Economía que, entre las incompatibilidades, se incluya también a los liberados sindicales “pues es una situación en la que se menoscaba el nivel de independencia claramente”.

Por otro lado el Consejo General de Enfermería ha solicitado la inclusión de la recertificación obligatoria de los profesionales. “No puedo entender que por el mero hecho de tener un título profesional, ese título habilite para toda la vida. Mucho menos en ámbitos protegidos y regulados como son las profesiones sanitarias”, afirmaba González Jurado.

“Es práctica habitual en Europa que, por cada cierto número de años, el profesional tenga que demostrar que sigue siendo competente”. Se trataría del “simple mantenimiento de competencias a través de la práctica profesional y la formación continuada. Eso es lo que puede hacer que garanticemos que el profesional sigue manteniendo su competencia, pues es una obligación ética para con el paciente”.

Pie de foto portada Máximo González Jurado y Pilar Fernández, presidente y vicepresidenta, respectivamente, del Consejo General de Enfermería de España.
**Publicado en "CON SALUD.ES"

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