Los profesionales sanitarios no cejan en su empeño de rechazar las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía que menguan sus salarios y les obligan a trabajar más. Las protestas al plan de ajuste puesto en marcha por el Gobierno andaluz continuarán a lo largo del otoño. Anoche se conoció que a finales de septiembre se celebrará una gran marcha contra los recortes. La protagonizarán médicos, enfermeros y el resto de trabajadores sanitarios, que se ven afectados por el tijeretazo dado por la Consejería de Salud.
Esta marcha fue aprobada ayer en el seno de una reunión del gabinete de crisis contra los recortes en sanidad. El encuentro se desarrolló en la sede del Colegio de Enfermería de Málaga, con la asistencia de representantes de la Plataforma de Profesionales del Sistema Sanitario Público, de las empresas públicas, del 061, de los sindicatos de médicos y enfermeros, CC OO, UGT y CSIF, así como de los colegios de médicos y de enfermería. La reunión fue moderada por el presidente Colegio de Enfermería de Málaga, Juan Antonio Astorga.
La principal cuestión que recibió luz verde fue la celebración de una marcha contra las medidas aprobadas por la Junta que merman las retribuciones de los trabajadores de la sanidad y les obligan a un incremento de la jornada laboral. La manifestación terminará en la puerta de la Delegación Provincial de Salud, situada en la calle Córdoba. Aún falta por determinar de dónde partirá y qué día se realizará. De momento, solo se sabe que será a finales de septiembre.
Respaldo masivo
Fuentes de los asistentes al gabinete de crisis indicaron que en septiembre hay previstas varias protestas y, por tanto, hay que estudiar con detenimiento qué fecha se fija para la marcha. Además, deberán pedirse los pertinentes permisos para que la manifestación por las calles de la ciudad sea autorizada. La intención de los colectivos que componen el gabinete de crisis es que esa marcha sea secundada masivamente por los trabajadores sanitarios.
En un comunicado difundido una vez terminada la reunión, se reiteró el rechazo a la aplicación de las 37,5 horas semanales, por considerar que su aplicación es «arbitraria y discrecional», al no haber habido un consenso previo en la Mesa Sectorial de Sanidad como contempla la normativa vigente.
Según el gabinete de crisis, «la aplicación de las 37,5 horas está provocando despidos encubiertos y restricciones en la atención sanitaria a los ciudadanos».
Por ello, animan a los profesionales a presentar escritos ante las direcciones de sus centros de trabajo oponiéndose a ese aumento horario. Asimismo, en el comunicado hecho público anoche se señala que «los pacientes afectados en sus derechos por estas medidas deben presentar las reclamaciones oportunas para contribuir a resolver o minimizar estos perjuicios».
En una reunión que mantuvieron la semana pasada, los integrantes del gabinete de crisis dejaron claro que los ajustes deben hacerse con criterios de eficiencia, «lo que es difícil sin contar con la colaboración y asesoramiento de los profesionales encargados de la asistencia». Asimismo, señalaron la importante pérdida de poder adquisitivo sufrida por los trabajadores sanitarios en los últimos años, descenso que alcanza hasta el 30 por cierto de la masa salarial en los casos de los profesionales que más tiempo dedican a la sanidad pública.
A su juicio, «existen otras medidas de ajuste económico que deberían realizarse antes de tocar los pilares del estado de bienestar -la sanidad y la educación pública- como eliminar entes deficitarios y duplicados con otras administraciones.
**Publicado en "DIARIO SUR"
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