El nuevo Real Decreto determina que, a partir del día 1 de septiembre, los ciudadanos empadronados que no tengan reconocido el derecho a la asistencia, como no sea que tengan convenios establecidos entre los diferentes estados, tendrán derecho de acceso a las urgencias, la atención a los menores de 18 años y a la atención al embarazo y al parto.
En Cataluña hay 600.000 personas que no han sido reconocidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, de estas 180.000 son extranjeros sin permiso de residencia. El resto, 420.000 personas con ciudadanía española deberán acreditar su condición de asegurado o beneficiario ante el INSS y, de este modo, conseguir la asistencia sanitaria de pleno derecho. A todos se les regularizará su situación en un período de seis meses, en el transcurso de los cuales seguirán teniendo acceso a la asistencia sanitaria integral.
Boi Ruiz, ha tachado de “chapuza” el sistema de regulación de las tarjetas sanitarias, y ha reprochado que “establece condiciones innecesarias”.
“En vez de hacer una autopista han hecho treinta carreteras; habría sido más fácil dejar sentado que todo español tiene sin desvíos tarjeta sanitaria y no nos enredamos tanto la vida”, ha comentado Boi Ruiz..
Los inmigrantes irregulares que lleven más de un año en Cataluña seguirán manteniendo el mismo nivel de asistencia y prestaciones sanitarias, y serán las personas que acaben de llegar quienes deban acreditar una estancia en el país de más de tres meses para acceder a una tarjeta sanitaria opción que asegurará el acceso al médico de familia hasta que se cumpla el año de residencia, cuando ya se obtendrá acceder al especialista.
*AGENCIAS
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