La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha propuesto hoy que se pongan en marcha políticas sostenibles de protección de la salud, generadoras de riqueza y desarrollo. Montero, en su intervención en la mesa redonda ‘¿Es posible la sanidad pública? del VII Curso Universitario de Verano de Torres (Jaén), ha insistido en que es necesario emprender políticas a largo plazo, frente “a la imposición de las políticas exclusivamente dirigidas a reducir el gasto de manera inmediata”.
La máxima responsable de la sanidad pública andaluza ha hablado de una “renovación valiente” a través de un refuerzo de la fiscalidad progresiva, la persecución del fraude y la financiación vía impuestos generales de todas las políticas sociales. También ha recordado que el Banco Mundial, que concluye que los modelos de seguridad social basados en cuotas son un 3 a 4% más caros que los sistemas basados en impuestos, suponen un empleo estable un 8 a 10% menor y no obtienen mejores resultados en salud.
La consejera ha puesto como ejemplo que gracias a las políticas sostenibles de protección de la salud, en 2002, Andalucía dedicaba 12,4 euros más por habitante atendido que la media nacional, en 2009 esta diferencia no sólo se ha invertido, sino que Andalucía dedica casi 200 euros menos per cápita. Esto supone un ahorro de más de 1.600 millones de euros anuales a los ciudadanos andaluces.
A este respecto, la consejera ha señalado que “la sostenibilidad no puede servir de coartada para que los ajustes económicos acaben siendo ajustes ideológicos con los que desmontar el Estado del Bienestar”.
El sistema sanitario público es la mayor empresa en Andalucía, con un presupuesto superior al 30% del total de la Junta de Andalucía (7,19 % del PIB andaluz) y líder en empleo cualificado y estable -más del 90% de la plantilla ocupa su plaza establemente y en propiedad-, con 102.000 trabajadores.
Cuenta con más de 1.500 centros de atención primaria, 48 centros hospitalarios públicos y 35 centros de especialidades, 15 helipuertos, y una importante red de emergencias, que incluye el 061. Estos recursos producen un total de 43,6 millones de consultas de medicina de familia al año, 24 millones de enfermería, y 7 millones de pediatría, 600.000 altas hospitalarias, 11 millones de consultas especializadas y cerca de 500.000 intervenciones quirúrgicas. Esto se suma a que la probabilidad de optar a un trasplante en el SSPA es el doble que en el resto de países europeos.
Modelo sostenible
La consejera ha recordado que el objetivo del sistema sanitario “debe ser proteger la salud de toda la población y procurar el bienestar y la cohesión social” y que un sistema de salud “sostenible, universal y equitativo, a un coste asumible por la sociedad no es lo mismo que al menor coste posible en el mercado”. Montero ha afirmado que la sostenibilidad no puede “servir de coartada” para que los ajustes económicos acaben siendo ajustes ideológicos.
En este sentido, ha desglosado datos como que los costes administrativos en el Sistema Nacional de Salud son el 2% del gasto sanitario público (la media OCDE es el 4,3%), mientras que en Andalucía no alcanzan el 1%.
En cuanto a los resultados en salud, España se sitúa en la tercera posición en mayor esperanza de vida al nacer (OCDE, 2011); la cuarta en menor mortalidad por debajo de los 75 años de edad, evitada por una efectiva y oportuna atención sanitaria (Mckee, 2008); la segunda en mayor esperanza de vida ajustada a salud (OMS, 2009); y somos líderes en trasplantes.
En cambio, los sistemas basados en modelos de aseguramiento y reembolso que incluyen copagos sistemáticos tienen un coste administrativo y burocrático del doble o el triple que los sistemas de salud universales y gratuitos, como es el caso de Suecia -que gasta comparativamente solo un 1,7%-, con un sistema sanitario también descentralizado.
Políticas de eficiencia
Entre las políticas de eficiencia desarrolladas por la Consejería de Salud y Bienestar Social, destaca la implantación de las centrales de compras que suponen un ahorro de 100 millones de euros al año, se han racionalizado los procesos industriales, con un ahorro potencial anual de 50 millones de euros y se han impulsado planes de ahorro energético, por ejemplo la instalación de gas natural en 11 hospitales, ha producido un ahorro de 1,5 millones de euros.
Además, respecto a las políticas de uso racional del medicamento, éstas han supuesto un ahorro de 1.000 millones de euros en la última década con iniciativas como la prescripción por principio activo, con un ahorro acumulado de unos 37 millones de euros desde 2001. En la actualidad, el 94% de las recetas dispensadas por las oficinas de farmacia en el sistema sanitario público andaluz se prescriben por principio activo. A esto se suma el primer concurso público de selección de medicamentos que se traducirá en un ahorro de entre 40 y 200 millones.
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