Es el Año Europeo del Envejecimiento Activo y en España el porcentaje de mayores de 65 años ha sufrido un aumento considerable en los últimos 60 años. Así, los últimos datos reflejan que esta cifra casi se ha triplicado, pasando de representar el 6 por ciento de la población en 1950 al 17,4 por ciento en 2012. Por otro lado, numerosos estudios han puesto de manifiesto que la población anciana es el grupo que produce un mayor consumo de recursos sanitarios. En este sentido, el gasto sanitario dedicado a la atención de personas mayores supone el 50 por ciento del gasto total.
Para el profesor Álvaro Hidalgo, presidente del Instituto Max Weber y director del Seminario de Investigación en Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, “es precisamente por este gasto sanitario por el que se han puesto en marcha todo tipo de reformas en España durante los últimos años”. Dicha reformas y medidas –en su opinión- inciden más en la viabilidad que en la sostenibilidad futuro del sistema. Para ello, el especialista en economía de la salud ha puesto sobre la mesa tres ejemplos en los que las administraciones han focalizado las reformas sobre una reducción de los precios unitarios o de los volúmenes, por encima del desarrollo de modelos que primen la eficiencia y que, a medio-largo plazo, supongan un claro ahorro para el sistema. Estos ejemplos de modelos mal gestionados, todos ellos muy vinculados al sector poblacional anciano, son: las políticas farmacéuticas, las terapias respiratorias domiciliarias y el suministro de absorbentes en las residencias.
Como vértice característico de todos los ejemplos, Álvaro Hidalgo asegura que: “los reguladores han utilizado con mayor o menor intensidad bajadas de precio, junto a concursos y procesos de compras centralizadas dirigidas a concentrar la demanda y así obtener unas mejores condiciones de compra, a cambio de limitar el número de productos disponibles para los pacientes y prescriptores”.
En el caso de la prestación farmacéutica, el economista considera que en España nunca se ha tenido en cuenta para la financiación y fijación de precios de medicamentos la eficiencia de los mismos. La estrategia elegida hasta la fecha ha sido la reducción del precio e intentar limitar el volumen. En este sentido, asegura Hidalgo, “el intervencionismo ha llegado hasta tal punto que el nuevo Real Decreto prevé en su sistema de precios de referencia la dispensación en la oficina de farmacia del genérico y no el medicamento de marca, incluso en igualdad de precio menor”. De esta forma –concluye el presidente del Instituto Max Weber- se limita la posibilidad de elección del facultativo y del paciente, en circunstancias donde el coste es idéntico para el Sistema Nacional de Salud, sin entrar a valorar cómo esto puede afectar a factores cruciales como la calidad asistencial o la adherencia a los tratamientos por parte del paciente.
En segundo lugar, las terapias respiratorias a domicilio (TRD)[1], aunque estén reguladas a nivel estatal por una Orden ministerial, las competencias en asistencia sanitaria dependen de las comunidades autónomas. Para Álvaro Hidalgo, “es por esta razón, por la que se observan diferencias significativas que comprometen la equidad del sistema”, en unas terapias que abordan la patología respiratoria, la cual supone un 14% de los ingresos hospitalarios de la población anciana. “Las fórmulas de asignación de la prestación de estos servicios a empresas privadas por parte de las administraciones regionales impiden la posibilidad de elección por parte del paciente o del facultativo, lo que puede llegar a producir concentraciones en escaso número de actores”, concluye el economista.
Finalmente, en el caso de los absorbentes en residencias, se da un caso similar. Así, frente al incremento de los consumos, los esfuerzos de las comunidades autónomas se han dirigido hacia el establecimiento de concursos para el suministro de las residencias de absorbentes específicos. Estos absorbentes son seleccionados previamente por los servicios regionales de salud mediante procesos de licitación o compras centralizadas donde el criterio fundamental de elección ha sido el precio. En este sentido, el especialista asegura que “de nuevo nos encontramos con realidades diferentes en cada comunidad autónoma, aspecto que amenaza la equidad del sistema”.
Pero lo más preocupante para Hidalgo de este caso es que “este tipo de práctica hace que las residencias no puedan elegir entre los diferentes tipos de absorbentes para adecuar los suministros a las necesidades reales de los pacientes”. “Este modelo anticuado -continúa el economista-, con escasa corresponsabilidad por parte de los actores implicados y con ninguna posibilidad de elección por parte de la residencia, ha sido superado en otros países europeos, donde se han establecido modelos de libertad de elección por parte de la residencia o de contratos de gestión por pagos capitativos. Esto provoca que las residencias tengan mayor margen de gestión y que puedan adquirir los suministros adecuados a la realidad de cada centro y al perfil de sus pacientes, lo que fomenta la eficiencia”.
Como punto final y a modo de conclusión extraída de estos ejemplos, Álvaro Hidalgo considera que: “la obtención de un sistema de salud eficiente, pasa por encontrar modelos de gestión y de políticas sanitarias más innovadoras y adecuadas a la realidad de la población que se tiene que atender y en este caso particular, de la población anciana”. En su opinión, los ahorros a corto plazo no pueden basarse casi exclusivamente en una estrategia de reducción de precios y de minimización de costes a corto plazo; la sostenibilidad del sistema se garantiza buscando la eficiencia de cada caso particular.
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