Andalucía recibirá 89 millones de euros menos para financiar el sistema de atención de las personas dependientes

Andalucía recibirá 89 millones de euros menos este año para financiar el sistema de atención de las personas dependientes, tal y como se desprende de la lectura del Real Decreto Ley 20/2012 de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que se publicó el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado. Así, en el redactado de esta norma aparece una reducción de la aportación que haced el Estado al denominado Nivel Mínimo en más de un 13%, con lo que Andalucía dejaría de recibir 18,5 millones de euros, que se suman a los 70,7 que se eliminaron con los Presupuestos Generales del Estado el pasado mes de marzo. La cifra estimada para 2013 asciende a 125 millones de euros menos de financiación para la comunidad autónoma.

El denominado nivel mínimo de protección es el dinero que reciben las comunidades por cada dependiente en función de su gravedad. En concreto, la aportación del Estado por un gran dependiente de Grado III nivel 2 disminuye a partir del 1 de agosto de 266,57 euros a 231,28 euros y por uno de Grado III nivel 1, baja de 181,26 euros a 157,26 euros. En cuanto a los dependientes severos, el Grado II nivel 2 recibirá del Estado 89,38 euros cuando hasta ahora percibía 103,02 euros y el Grado II nivel 1 cobrará 52,06 euros con respecto a 70,70 euros.

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha denunciado que la reducción de la aportación del Gobierno Central a la financiación de la atención a las personas dependientes “no supone un ahorro sino que hace recaer en el resto de los actores un esfuerzo adicional”. La titular de Salud ha explicado que “los beneficiarios son los mismos, los derechos de las personas están reconocidos, las personas están en el sistema, reciben prestaciones, con un modelo que se había convenido entre todos para dar la mejor atención a este colectivo”.

Esta reducción se recrudecerá cuando entre en vigor la nueva calificación que elimina los niveles para aquellas personas que no se han incorporado aún al sistema. En este caso, se mantienen sólo los grados, llegando la reducción de la aportación del Estado a un 30% más. En este momento, el Grado III recibirá 177,86, el Grado II 82,84 y el Grado I 44,33 euros. Esta nueva situación, ha dicho Montero, es sólo sostenible si los prestadores de servicio asumen estos descuentos, ya que la otra opción es “dejar de dar prestaciones a las personas que tienen el derecho reconocido; algo a lo que no queremos llegar”

Decisión unilateral

La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado hoy que la Junta de Andalucía estudiará emprender acciones legales frente al Real Decreto-Ley 20/2012 que incluye nuevos recortes en la financiación de la Ley de Dependencia. Estas nuevas medidas se han tomado, ha dicho Montero, “con nocturnidad y alevosía” ya que el Gobierno Central las ocultó en la última reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y las comunidades autónomas las han conocido a través de la “letra pequeña” del Boletín Oficial del Estado.

La consejera ha manifestado que fue en el BOE del sábado “cuando por fin se pudo dar lectura a la letra pequeña, pequeña y escondida adrede” de los temas que se deberían haber abordado en el Consejo Territorial de la Dependencia, que se celebró el martes, y donde se habló de algunos recortes que “ya dijimos que no compartíamos pero que en ningún caso eran tan demoledores como los que nos encontramos después”.

Andalucía llevará al contencioso administrativo esta medida con el objetivo de que la “considere improcedente”, ha asegurado Montero, puesto que

la Ley de Dependencia establece que la modificación del nivel mínimo no puede hacerse unilateralmente, sino que el Gobierno Central debe contar con todas las comunidades autónomas.

Un 15% menos para las personas cuidadoras

A partir del 1 de agosto, además de la reducción del nivel mínimo, también se disminuirá en un 15% de la cuantía de las prestaciones económicas que recibían las personas cuidadoras y se eliminará su cotización en la seguridad social. En concreto, una cuidadora de una persona dependiente de Grado III nivel 2 cobrará como máximo 442,59 euros cuando hasta ahora recibía 520,69 euros. En el caso de Grado III nivel 1, baja de 416,98 euros a 354,43 euros. En cuanto a los dependientes severos, el Grado II nivel 2 recibirá del Estado 286,66 cuando hasta ahora percibía 337,25 euros y el Grado II nivel 1 cobrará 255,77 euros con respecto a 300,90 euros que percibía hasta ahora. Con la eliminación de los niveles, la aportación reducirá hasta un 25,86%.

La consejera ha recordado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reveló en la reunión una serie de medidas que suponen un cambio de modelo de financiación del sistema. El Gobierno central mostró que prima la institucionalización de las personas dependientes en centros frente a la atención en el entorno familiar y que en ningún momento ha tenido en cuenta aspectos como la ruralidad o el hecho de que las familias son soporte para las personas dependientes y que éstos, al menos en Andalucía, prefieren permanecer en el entorno domiciliario a ser internados en una residencia.

Además, Montero ha criticado que los usuarios tengan que realizar una mayor aportación por los servicios de los que se benefician, tal y como se establece en el nuevo modelo que propone el Ministerio y que suponen un “duro golpe para las personas con un derecho reconocido y cuyas prestaciones se van a encarecer en casi cinco veces, en según qué casos”.