El Colegio de Médicos de Sevilla ha mostrado públicamente su satisfacción por una reciente sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla contra un usuario, como autor de un delito de atentado contra la autoridad pública, al amenazar gravemente a un médico del Servicio Andaluz de Salud. El agresor ha sido condenado a un año de prisión, sustituido por cuantía económica, así como a una indemnización que asciende a 500 euros por daños morales al médico. De igual forma, han sido condenados su hermano y su padre como autores de una falta de amenazas por su participación en los hechos.
El letrado del Colegio de Médicos de Sevilla, Francisco de Cossío Ruiz, quien ha ejercido la acusación particular en este caso, ha explicado lo novedoso de este fallo, ya que hasta este momento se consideraba que el Atentado contra el personal estatutario debía ser por agresión física, sin embargo, esta sentencia implica que no tenga que ser física, para que sea considerada delito, sino que puede ser una agresión verbal con amenazas graves para darle esta consideración de atentado, algo que el Colegio de Médicos de Sevilla lleva reivindicando en su lucha firme contra las agresiones al personal sanitario desde hace años.
Para el presidente del Colegio de Médicos, Carlos González Vilardell, y su Junta Directiva la mejor noticia es que la agresión no se produzca pero acoge con satisfacción que las actuaciones contra los médicos no queden impunes y la Justicia dicte condena penal contra las agresiones físicas o verbales.
La decisión de la condena está fundamentada, según reza la sentencia, en la idea de que el funcionario público, tanto del ámbito de la sanidad como de la docencia, gozan de tal condición en los supuestos en los que sufre acometimiento, empleo de la fuerza, resistencia grave o intimidación grave, como de la presuntamente fue objeto, por lo que entiende que tales acciones "quedan incluidas en el ámbito de la tutela penal arbitrada por el delito de atentado".
El Juzgado, que hace referencia también al carácter público de estas profesiones por cuanto tratan "de satisfacer los intereses generales y el bien común", según plasma de lo ya recogido en una sentencia anterior de diciembre de 2007 del Supremo, concluye de esta forma que "se puede extraer de esta doctrina que, tanto el médico de la sanidad pública, como el profesor que presta sus servicios en la administración, son funcionarios a efectos penales y encajan así con toda nitidez en la definición del artículo 24 del Código Penal".
-El suceso
El usuario acudió en julio de 2009 al Centro de Salud de Palmete para que le prescribieran unas recetas de urgencia para su madre. El doctor consideró al atenderle que no se trataba de una urgencia, y a la vista del tipo de medicamento que solicitaba rogó al usuario que su madre acudiera al Centro para poder reconocerla personalmente. Ante esta circunstancia, el agresor comenzó a increpar y amenazar gravemente al médico, llegando incluso a levantar el puño hasta en tres ocasiones de forma intimidatoria. Dada la situación, el facultativo llamó a la policía, momento en el que un hermano del agresor comenzó también a amenazarle dentro de las instalaciones sanitarias. Con posterioridad, el padre de los mismos se personó en el Centro para que el facultativo retirara la denuncia contra sus hijos, procediendo asimismo a amenazar al doctor.
-Actuaciones del Colegio de Médicos de Sevilla
El Colegio Médico de Sevilla fue pionero en España en la puesta en marcha de un protocolo de atención a sus colegiados ante situaciones de violencia durante el desarrollo de su ejercicio profesional. Este protocolo se puso en marcha hace más de una década y desde entonces el Colegio no ha dejado de mantener contactos tanto con la Fiscalía como con la Policía Nacional y la Guardia Civil para estrechar la colaboración en la lucha contra las agresiones. Lamentablemente el número de agresiones ha ido aumentando durante años aunque en los dos últimos las cifras afortunadamente se han moderado.
El pasado mes de octubre, el Colegio hizo público un informe elaborado por la Asesoría Jurídica de la institución en el que destacaba cómo el 90 por ciento de las agresiones a facultativos se producen en la sanidad pública, siendo en la mitad de los casos (55%) los ambulatorios y consultorios los que soportan en mayor medida estos actos violentos y las discrepancias por la atención médica recibida (45% casos) el principal motivo de inicio del conflicto.
Tanto el presidente como el coordinador de la Asesoría Jurídica del Colegio, explicaron que estos datos se extraen del análisis que se viene haciendo de las agresiones a galenos desde el 2007 hasta la fecha, período en el que han constatado algunos patrones que sigue este fenómeno, pese a que todavía hay muchos médicos que no denuncian por miedo. Los datos indicaban que el 90 por ciento de las agresiones se registran en centros públicos, siendo el 60 por ciento de los agredidos sanitarios varones y un 40 por ciento mujeres.
En cuanto a los tramos de edad en los que el personal sanitario es agredido con más frecuencia, la investigación colegial arrojaba que es en la franja de edad que va de los 45 a 55 años donde se concentra hasta el 53 por ciento de todas las agresiones. A este tramo de edad de mayor concentración de agresiones a médicos le sigue los facultativos de 36 a 45 años, que concentran el 26 por ciento de las agresiones registradas por el colegio; los galenos de 56 a 65 años, que soportan el 13 por ciento de todos los actos violentos del tipo; y el grupo de 26 a 35 años, que acumulan el 6 por ciento de las agresiones de manos de los usuarios de la sanidad.
El mes de julio, según la entidad colegial es el período del año que concentra más agresiones, mientras que marzo, abril y mayo son los que registran menos episodios violentos. Respecto al ámbito sanitario, los centros de atención primaria concentran el 55 por ciento de las agresiones, mientras que los hospitales acumulan un 23 por ciento de estos actos y las urgencias un 12 por ciento. En cuanto a la tipología del agresor y sus antecedentes, el estudio colegial revelaba que el 35 por ciento de los agresores son pacientes no programados, esto es, que acuden al centro asistencial sin cita previa programada. Otro 13 por ciento son usuarios del centro y un 6 por ciento pacientes programados. Por antecedentes, esta investigación sostiene que sólo el 6 por ciento son toxicómanos y otro 6 por ciento pacientes psquiátricos, aunque el resto (88%) son por otros motivos.
En lo que al tipo de agresión respecta, el 75 por ciento son de tipo verbal y el 25 por ciento restante con parte de lesiones. No obstante, la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos puntualizaba que, en la actualidad, el 66 por ciento de los facultativos se dan de baja, sobre todo por el daño psíquico más que el físico. También han aumentado los daños materiales, con un incremento de un 75 por ciento más de denuncias por este concepto.
**publicado en "MEDICOS Y PACIENTES"
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