miércoles, 28 de diciembre de 2011

FECMA SOLICITA AL NUEVO GOBIERNO SU COMPROMISO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y EQUIDAD DE LOS SERVICIOS Y LAS PRESTACIONES AL PACIENTE ONCOLOGICO



La salud es un derecho constitucional y como tal, debe seguir siendo una prioridad en las políticas de salud del nuevo Gobierno en el momento actual de ajustes y recortes económicos. Por este motivo, solicitamos a los responsables de salud del Gobierno entrante su compromiso para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud sin que peligre la calidad y la equidad de los servicios y prestaciones que recibimos, así como la universalidad del derecho a la salud.

Somos conscientes de la necesidad de políticas de control del gasto público, pero las medidas de ahorro y control no pueden ir contra la calidad de los servicios y las prestaciones al paciente oncológico. Gracias a los programas de detección precoz del cáncer de mama muchas de nosotras seguimos con vida, por lo que no es cuestionable la efectividad de las mamografías. Tampoco estamos dispuestas a renunciar a una asistencia integral y multidisciplinar que atienda las particularidades del cáncer de mama y que incluya atención psico-social, rehabilitación física y tratamientos especializados del Ganglio Centinela, porque de todo ello depende, además de nuestra propia salud, nuestra reinserción laboral y social. En este sentido, aunque consideramos necesarias algunas decisiones para que no peligre la sostenibilidad del sistema sanitario se ha de tener en cuenta que la evaluación de coste-eficacia no es el único parámetro en el que apoyarse cuando se habla de vidas humanas.

Como usuarias de la Sanidad que formamos parte del movimiento asociativo de pacientes a través de Asociaciones de mujeres de cáncer de mama, integradas en la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA), apoyamos y defendemos la sanidad pública, de calidad, universal y gratuita, que debe continuar siendo un elemento estratégico de cohesión social, de igualdad y motor activo de la economía. El modelo de gestión descentralizada de nuestra Sanidad por transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas no puede romper la unidad del Sistema Público, ni modificar el derecho constitucional a la salud, ni poner en riesgo el actual catálogo homogéneo de servicios y prestaciones sanitarias.

Todos los esfuerzos deben ir encaminados a preservar la sostenibilidad, calidad y equidad del Sistema del Nacional de Salud, cuya garantía constituye uno de los principales objetivos del Estado de Bienestar.

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