Primer embate contra las escabrosas y polémicas imágenes que algunos Gobiernos, como el español, obligan a imprimir en las cajetillas para combatir el tabaquismo. Cuatro firmas del sector -entre ellas la segunda mayor de EE UU, R. J. Reynolds- han llevado al Ejecutivo norteamericano ante una corte federal en Washington por entender que atenta contra su libertad de expresión.
Obama aprobó el primer cambio del etiquetado de los paquetes en 25 años
Las autoridades del país han aprobado una normativa que les obligará desde septiembre de 2012 a suministrar cajetillas con duras advertencias visuales: un cadáver tras una autopsia, con el pecho cosido con grapas; una garganta perforada; un pulmón ennegrecido; una boca destrozada por el cáncer, y un bebé enfermo en una incubadora. "Esas regulaciones violan la primera enmienda de la Constitución", asegura Floyd Abrams, abogado de la firma Cahill Gordon & Reindel, que representa a Lorillard, una de las compañías demandantes. "La idea de que el Gobierno pueda exigir a aquellos que fabrican un producto legal que estampen en medio de su empaquetado imágenes y frases destinadas para disuadir al público de que compre ese producto no es acorde con la Constitución", sostiene el letrado.
Lorillard es la tercera tabacalera de EE UU en volumen de negocio, y la principal fabricante de mentolados. Estos suponen un 90% de su negocio.
Este año, además, la Agencia del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) ha abierto un proceso de evaluación del mentol usado en esos cigarrillos, por considerarlo adictivo. Esos productos son los únicos que han aumentado ventas dentro del sector tabacalero en los últimos años, sobre todo entre la población negra y de menos recursos, según un estudio del Comité de Asesoramiento Científico de Productos de Tabaco.
A Lorillard se le han unido en esta demanda otras tres tabaqueras. La más importante, por volumen de ventas, es R. J. Reynolds Tobacco, la segunda fabricante del país, que comercializa marcas como Camel, Winston y Lucky Strike. También se ha sumado Commonwealth Brands, que pertenece al grupo Imperial, dueño, en España, de Altadis. La cuarta tabaquera en sumarse es Liggett Group LLC. Phillip Morris, la principal fabricante norteamericana, no está en este proceso.
La primera enmienda de la Constitución, que citan los abogados en la demanda, es la que protege la libertad de expresión. Es una provisión con mucha fuerza y mucho alcance, que impide que en EE UU existan delitos tipificados como el de apología del terrorismo. En una sentencia de enero de 2010, el Tribunal Supremo norteamericano ratificó que las empresas también están protegidas por esa provisión.
"El Gobierno puede hacer tanto activismo contra el tabaco como crea necesario, en los términos que desee y con las imágenes que quiera; pero no puede obligar a los que venden tabaco de forma lícita al público a que asuman también ese tipo de mensaje, esas mismas palabras y esas mismas imágenes", añade el letrado Abrams. La FDA rechazó comentar la demanda.
Es la primera vez en 25 años en que el Gobierno aprueba el cambio en el empaquetado del tabaco. Lo ha hecho gracias a una orden ejecutiva (decreto) del presidente Barack Obama de 2009, en la que le concedía a la FDA la potestad de regular la fabricación y comercialización del tabaco.
La FDA consideró 36 imágenes, puso a prueba su efectividad en un estudio entre 18.000 personas, y eligió nueve de ellas, que hizo públicas el 21 de junio. Deberán ocupar el 50% de la superficie frontal y trasera del paquete de tabaco. En los anuncios de cigarrillos que se exhiban en las tiendas, la superficie ocupada deberá ser del 20%.
Las autoridades del país han aprobado una normativa que les obligará desde septiembre de 2012 a suministrar cajetillas con duras advertencias visuales: un cadáver tras una autopsia, con el pecho cosido con grapas; una garganta perforada; un pulmón ennegrecido; una boca destrozada por el cáncer, y un bebé enfermo en una incubadora. "Esas regulaciones violan la primera enmienda de la Constitución", asegura Floyd Abrams, abogado de la firma Cahill Gordon & Reindel, que representa a Lorillard, una de las compañías demandantes. "La idea de que el Gobierno pueda exigir a aquellos que fabrican un producto legal que estampen en medio de su empaquetado imágenes y frases destinadas para disuadir al público de que compre ese producto no es acorde con la Constitución", sostiene el letrado.
Lorillard es la tercera tabacalera de EE UU en volumen de negocio, y la principal fabricante de mentolados. Estos suponen un 90% de su negocio.
Este año, además, la Agencia del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) ha abierto un proceso de evaluación del mentol usado en esos cigarrillos, por considerarlo adictivo. Esos productos son los únicos que han aumentado ventas dentro del sector tabacalero en los últimos años, sobre todo entre la población negra y de menos recursos, según un estudio del Comité de Asesoramiento Científico de Productos de Tabaco.
A Lorillard se le han unido en esta demanda otras tres tabaqueras. La más importante, por volumen de ventas, es R. J. Reynolds Tobacco, la segunda fabricante del país, que comercializa marcas como Camel, Winston y Lucky Strike. También se ha sumado Commonwealth Brands, que pertenece al grupo Imperial, dueño, en España, de Altadis. La cuarta tabaquera en sumarse es Liggett Group LLC. Phillip Morris, la principal fabricante norteamericana, no está en este proceso.
La primera enmienda de la Constitución, que citan los abogados en la demanda, es la que protege la libertad de expresión. Es una provisión con mucha fuerza y mucho alcance, que impide que en EE UU existan delitos tipificados como el de apología del terrorismo. En una sentencia de enero de 2010, el Tribunal Supremo norteamericano ratificó que las empresas también están protegidas por esa provisión.
"El Gobierno puede hacer tanto activismo contra el tabaco como crea necesario, en los términos que desee y con las imágenes que quiera; pero no puede obligar a los que venden tabaco de forma lícita al público a que asuman también ese tipo de mensaje, esas mismas palabras y esas mismas imágenes", añade el letrado Abrams. La FDA rechazó comentar la demanda.
Es la primera vez en 25 años en que el Gobierno aprueba el cambio en el empaquetado del tabaco. Lo ha hecho gracias a una orden ejecutiva (decreto) del presidente Barack Obama de 2009, en la que le concedía a la FDA la potestad de regular la fabricación y comercialización del tabaco.
La FDA consideró 36 imágenes, puso a prueba su efectividad en un estudio entre 18.000 personas, y eligió nueve de ellas, que hizo públicas el 21 de junio. Deberán ocupar el 50% de la superficie frontal y trasera del paquete de tabaco. En los anuncios de cigarrillos que se exhiban en las tiendas, la superficie ocupada deberá ser del 20%.
**Publicado en "EL PAIS"
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