MÁS DE 400 PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL SE REÚNEN EN VITORIA PARA DEBATIR SOBRE LA INVESTIGACIÓN PSIQUIÁTRICA

Más de 400 profesionales sanitarios que trabajan en el área de salud mental se reúnen esta semana para, por primera vez en la historia, debatir sobre la precaria situación de la investigación psiquiátrica en España. Este es uno de los aspectos más sobresalientes que se abordará en el XIX Curso de Actualización Psiquiatría, que se celebra en Vitoria los días 3 y 4 de marzo.

El congreso abordará, además, los últimos adelantos en patologías de alta prevalencia como la esquizofrenia y la depresión, la figura del psiquiatra consultor, la atención psiquiátrica al inmigrante, el banco de cerebros o la delgada línea jurídica que define las implicaciones legales de la actuación psiquiátrica.

Sobre estos temas que se abordarán en la reunión científica, que se celebra en el Palacio Europa de la capital alavesa, es necesario establecer “un protocolo sobre cuándo se le ha de dar el alta a una persona que padece cuadros de depresión o esquizofrenia. Hay que considerar”, subraya Jesús Ezkurra, jefe de Servicio del Hospital Psiquiátrico de Álava y codirector del curso, “que en ocasiones sobrevienen situaciones estresantes en las que se acumulan problemas –un ERE, un fallecimiento repentino…– que afectan a la persona. Es necesario que sea tratado de ese malestar si le afecta a su salud mental, pero no es conveniente que se prolonguen los ingresos por esta suma de factores”.

Los psiquiatras presentes en este XIX Curso de Actualización Psiquiatría tratarán, también, “cómo adaptarse a la cultura de la población inmigrante; es necesario”, puntualiza el experto, “tener la sensibilidad suficiente para comprender su problemática que, en ocasiones, se escapa de los esquemas mentales propios de Occidente”.

En lo que se refiere a los aspectos legales, Ezkurra avanza que “durante el encuentro se buscará una respuesta jurídica a cómo afrontar el ingreso forzado de un paciente con psicosis. Si la enfermedad mental afecta a la capacidad de decisión del individuos, parece lógico pensar que sea el profesional sanitario quien tenga la potestad de obligar el ingreso”, puntualiza el especialista quien, sin embargo, intuye que “una vez que se toma esta decisión hay que esclarecer quién es el responsable de proteger y velar por la seguridad del propio paciente”. A esta línea argumental hay que sumarle el derecho del paciente a la información y a que se intervenga sobre él bajo el paraguas de un consentimiento informado.